Nuevo choque por carrusel de pensiones en las cortes

Un nuevo choque entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se dio ayer por cuenta de la investigación que ambos organismos adelantan por el ‘carrusel de pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura.

Luego, el órgano de control informó que abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra magistrados y exmagistrados, por el caso llamado como el ‘carrusel de pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura. Además, el órgano de control ordenó medidas cautelares, como el embargo a los sueldos de los funcionarios públicos.

La contralora general, Sandra Morelli, aseguró ayer que, en su concepto, el órgano de control que ella dirige tiene total competencia para investigar a los magistrados; sin embargo, dijo que "nos sometemos a lo que diga la autoridad competente" (el Consejo de Estado). Ese tribunal definirá en los próximos días si efectivamente la Contraloría tiene la competencia para indagar a estos funcionarios.

El proceso ha sido reclamado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Aunque no hay confirmación oficial de quiénes serán los magistrados y exmagistrados investigados, una información de Caracol Radio asegura que serán Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca; Henry Villarraga, Jorge Antonio Castillo, Julia Emma Garzón, José Ovidio Claro, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas.

Le parece "extraño"

Para la Contralora es "extraño" que muchas autoridades simultáneamente argumenten que son quienes deciden el conflicto y a la vez muchas autoridades estén argumentando que tienen la competencia de investigar a los magistrados.

"Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que la Contraloría lo investigue porque en realidad nosotros aplicamos el debido proceso y en todos los casos queremos ser garantistas", aseguró.

Así mismo, Morellli aseveró que no conoce "qué diferencia hay que uno esté sometido a la vigilancia de la Contraloría frente a lo que pueda hacer la comisión de Acusaciones (...) son las mismas normas, es la misma conducta y son las mismas pruebas; uno esperaría que en todas las sedes de juzgamiento e investigación los resultados fueran exactamente los mismos".

La Contralora fue más allá y afirmó que "en el fondo parece que pudiera existir un metro distinto y eso sería muy nocivo para el país" y agregó que no entiende "a qué conclusión distinta o qué diferencia hay entre la investigación del señor representante Germán Blanco (presidente de la Comisión de Acusación) y la investigación del delegado de la Contraloría".

Morrelli advirtió que los representantes de la Comisión "podrían ser sometidos a un proceso de pérdida de investidura", toda vez que "algunos miembros de esa célula que están liderando este proceso tienen algún conflicto de interés, pues pudieron haber intervenido en la elección de los investigados".

Comisión reclama competencia

El presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco Álvarez, dijo que "los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o de carácter penal".

Sin embargo, Blanco admitió que hay una disyuntiva y la normatividad no es clara cuando se trata de alguna responsabilidad fiscal, cuando la indagación es contra aforados.

Por eso, el mismo representante confirmó que la competencia se resuelve a través de los conceptos que emita el mismo Consejo Superior de la Judicatura.

Y aunque pueden nombrar conjueces para no terminar siendo ‘juez y parte' a la vez, los magistrados sí podrían influenciar directamente en la elección de quien defina quien los investigará.

En la Cámara se inició la investigación sobre el ‘carrusel de las pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura desde mediados de 2011. Sin embargo, de momento se desconoce de cualquier desarrollo alrededor de la investigación que está en manos del representante de la U Héctor Javier Vergara.

"Existe campaña de desacreditación de las cortes"

Como una campaña de desprestigio "sistemática y generalizada" de desacreditación contra las altas cortes calificó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, las denuncias que motivaron la apertura de investigaciones preliminares contra casi todos los magistrados que las componen, y que se tramitan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

"De pronto esta campaña pueda estar dirigida a quebrantar o a intimidar a la Corte Constitucional toda vez que tiene en estudio un tema relacionado con pensiones. Igualmente, está en el Congreso el tema de la administración de justicia y parece que se está creando un ambiente falso para desprestigiar a las altas cortes", dijo Bustos.

En ese mismo sentido el magistrado fue enfático al señalar que ni en la Sala Penal, ni en toda la Corte Suprema de Justicia hay caso tal del supuesto "Carrusel".

"La Sala Penal va a hacer las averiguaciones pertinentes a ver quién es el denunciante y llegado el caso formulará igualmente denuncias penales por calumnia, bajo el entendido de lo que allí se está afirmando es la comisión de una conducta delictuosa en la cual jamás ha incurrido ningún magistrado de la Sala Penal, ni de la Corte Suprema", precisó.

Ahora bien, el magistrado Bustos dijo que no podía afirmar que en el Congreso le estuvieran haciendo juego a quienes quieren desacreditar a las Cortes y señaló que cree en la Comisión de Acusaciones como su juez natural.

"El escenario para que se discuta se investigue y se tome una decisión es en la Comisión que es desde luego el juez natural de los magistrados pero sí creo que son los medios los que están orquestando de manera involuntaria esa información", señaló al precisar que estima conveniente que se tecnifique a la Comisión.