Ante magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la defensa entregó abundante material fotográfico sobre terrenos en Tierra Alta, Córdoba, que contaban con cultivos de araucarias para la producción de madera, además de otros cultivos de caucho, de los cuales ya no queda nada.
Se trata de terrenos de cuatro hectáreas que supuestamente no fueron adecuadamente recibidos por Acción Social, por lo que habrían quedado a la suerte de arrendatarios y subarrendatarios que además se lucraron de manera ilegal de estos predios.
Por su parte, un representante del Ministerio Público manifestó durante la audiencia que el dinero que produjeran esas tierras debería parar en las manos de las víctimas, a las que se pretendía reparar y no a manos de personas desconocidas que simplemente aprovecharon la negligencia de Acción Social.
“La inoperancia de la administración pública no puede ser aprovechada por terceros”, manifestó el representante del Ministerio Público.
Igualmente, la Fiscalía manifestó que a mediados del 2007 se registraron las medidas cautelares sobre los terrenos, pero que sólo hasta junio de 2010 se materializó el secuestro a dichas tierras, razón por la cuál éstas quedaron a manos de terceros.
Cabe recordar que en días pasados, la magistrada que preside la audiencia contra Mancuso, Alexandra Valencia, hizo un llamo de atención al Gobierno Nacional por la inadecuada administración de los bienes que han entregado los paramilitares para reparar a sus víctimas.
Según señaló, es inconcebible que se argumenten razones de tipo presupuestal siendo que se trata de un proceso de Justicia Transicional el que está en curso y que el conflicto armado no “tiene periodos fiscales”.
La audiencia en contra de Salvatore Mancuso continuará el próximo lunes en Bogotá.
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