La ONU denuncia el asesinato de 448 mujeres en 8 meses de 2011 en Guatemala

Estas son algunas de las observaciones que recoge el Informe Anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre este país centroamericano, en el que también se denuncia que durante los ocho primeros meses del pasado año hubo 3.806 muertes violentas en todo el país.

Pillay hizo un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo políticas de seguridad "basadas en el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, sin discriminación" y revierta la tendencia en auge de privatizar la seguridad pública (actualmente hay seis agentes de seguridad privada por cada policía nacional).

La Alta Comisionada denunció que los femicidios ocurridos en Guatemala en 2011 "continuaron alcanzando niveles sin precedentes" y aseguró que faltan medidas institucionales para enfrentarlos.

Todavía existe "una enorme brecha" entre los casos de violencia machista resueltos por el sistema de justicia (144 procesos) y el número de denuncias presentadas (un total de 6.318).

La Alta Comisionada criticó que el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres "no ha sido implementado en su integridad porque los fondos gubernamentales asignados para la prevención y atención a las víctimas han sido insuficientes".

En este sentido, instó al Gobierno a "cumplir y financiar adecuadamente" el plan, ampliar los tribunales especializados en esta materia, así como eliminar las barreras para que las víctimas de violencia machista presenten denuncias.

La Alta Comisionada lamentó que el "número limitado" de centros de atención a las víctimas tiene capacidad para atender "a un porcentaje mínimo de mujeres", lo que supone dejar "prácticamente sin atención" a aquellas que habitan en zonas rurales.

Pillay agregó que en el caso de las mujeres indígenas que son víctimas de la violencia machista, estas tienen que enfrentarse a una "doble barrera" en el sistema de justicia: el machismo y el racismo.

En las conclusiones de su informe, la Alta Comisionada también recomendó al Gobierno de Guatemala que establezca una "agenda prioritaria de acciones para los derechos humanos" y que elimine los patrones actuales de discriminación y exclusión de la población indígena.