Gobierno dice que en violentas protestas en Popayán están disidencias de las Farc

Efe | LA PATRIA | Bogotá

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que detrás de los ataques y la destrucción de las sedes de Fiscalía y de medicina legal en Popayán el viernes en la noche están las disidencias de las Farc.

Molano encabezó un consejo de seguridad en esa ciudad que vivió una violenta jornada en la que un joven murió y otras 40 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública.

Según Molano, el Gobierno ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información sobre tres jefes disidentes que se ocultan en barrios de Popayán.

La Fiscalía informó que en medio de los desmanes, fueron incendiados nueve vehículos, seis motocicletas y decenas de equipos de cómputo e impresoras. Además hurtaron cocaína y marihuana que habían sido incautadas en operativos contra el tráfico de estupefacientes.

Otros hechos

La turba la emprendió contra la sede de la Fiscalía, porque supuestamente allí fue abusada sexualmente una menor que denunció el hecho en redes sociales. La abuela de la víctima contó que cuando la menor regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía, a donde la llevaron, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Posteriormente, la menor apareció inconsciente en su casa el jueves y la llevaron a un hospital, donde no pudieron reanimarla.

El ministro Molano dijo igualmente que en medio del ataque, que cree debe ser calificado de "terrorista" porque afecta la institucionalidad, fueron robadas 51 armas de fuego, entre ellas 15 fusiles, que estaban en la Fiscalía.

Para controlar los actos vandálicos y la violencia en las protestas llegaron a Popayán tres pelotones del Ejército y otras unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Quemaron alcaldía y concejo de Jamundí

De otro lado en Jamundí (Valle del Cauca) en los dos últimos días los hechos violentos también afectaron sedes de entidades oficiales. Las instalaciones de la Alcaldía y del Concejo Municipal fueron quemadas por un grupo de desconocidos.

"Estos actos son supremamente dolorosos y reprochables. Nada justifica el uso de la violencia y nuestra posición como Gobierno y mía como alcalde ha sido siempre el diálogo como la única salida, para que la vida prevalezca", escribió en redes sociales el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

Asimismo pidió a las autoridades que esclarezcan estos hechos y denunció que hubo una respuesta tardía para proteger la infraestructura pública.

Mañana se iniciarán los diálogos

El Gobierno y el Comité Nacional del Paro comenzarán mañana en Bogotá las negociaciones para tratar los temas que dieron origen a las manifestaciones contra el presidente, Iván Duque.

"Es positivo. Creo que sí debe haber una negociación, que el fin de todo proceso de movilización tiene el objetivo de convertirse en políticas públicas y es también una muestra de voluntad política para resolver estos problemas que han llevado a la gente a las calles", dijo Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

Sin embargo, afirmó que resulta contradictorio el comienzo de las negociaciones, pues el Gobierno mantiene una "excesiva represión contra las manifestaciones que hay en las ciudades".

Reafirmó que lo que se esperaría es que el Gobierno Duque se manifieste otorgando las garantías básicas necesarias para las movilizaciones pacíficas.

Citación del Gobierno

Por su lado, ayer el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró a periodistas que el Gobierno saluda la voluntad del Comité Nacional del Paro de comenzar la mesa de negociaciones y, de acuerdo con su solicitud, se permite convocarla para hoy, en sitio por convenir.

Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma tributaria, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité Nacional de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, agradeció las gestiones de Naciones Unidas y de la Iglesia para lograr el encuentro de las partes. "En esta reunión comenzaremos a buscar todos los puntos de acuerdo que hoy el país está reclamando".

Además del costo en vidas humanas (42 muertos -41 civiles y 1 policía-), según la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado cuantiosas pérdidas a la economía del país fuertemente golpeada por el coronavirus, los bloqueos en carreteras han causado desabastecimiento en varias ciudades y retraso en las jornadas de vacunación.