Eln advierte que operativos de búsqueda ponen en riesgo a los seis secuestrados

El Eln advirtió en un comunicado de prensa que los operativos de búsqueda de las fuerzas de seguridad de Colombia ponen en riesgo la vida de los empleados de una compañía minera, secuestrados hace once días. Además certificaron que son seis las  personas que tienen en su poder.

Darío Ramírez Castro, del Eln, habría enviado el mensaje desde las montañas de la serranía de San Lucas, ubicadas en el sur del departamento de Bolívar.

De acuerdo al Eln los seis secuestrados son empleados de la compañía minera canadiense Inversiones Kumi, mientras que las autoridades habían sostenido que trabajaban para la minera Geo Explorer.

"En lo posible, el Eln tratará de salvaguardar la integridad de los retenidos, teniendo en cuenta que el vasto operativo emprendido por la fuerza pública pone en riesgo la vida de dichas personas y es responsabilidad del Gobierno, cualquier desenlace lamentable", indicó en su comunicado el grupo ilegal.

Hasta ahora se había hablado de que el grupo estaba integrado por cinco personas: los geólogos peruanos Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani, el canadiense Jernot Wober, y los colombianos William Batista y Manuel Zabaleta.

El Eln justificó este secuestro y otras campañas político-militares en su lucha por la soberanía nacional, contra las multinacionales y las políticas entreguistas del Gobierno.

"La Operación Soberanía y Dignidad se realiza en el marco de la defensa soberana de los recursos mineros que el gobierno nacional viene entregando a las compañías extranjeras, subsidiarias y contratistas a través de la locomotora minero energética, en franco detrimento del patrimonio y la soberanía de la Nación", sostenían en el comunicado.

Precisamente hoy, la Segunda División del Ejército informó de la detención de cuatro guerrilleros del Eln, que se suman a otros tres que habían sido capturados hace una semana.

Los cuatro detenidos tenían en su poder documentos de los secuestrados, entre ellos, los pasaportes.

Desde que se registró el secuestro en la madrugada del 18 de enero, tropas del Ejército Nacional, grupos antisecuestro, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General están inmersas en la operación Emblema, en la que también participan altos oficiales peruanos.

Las autoridades elevaron la recompensa a $150 millones a quien suministre información sobre el paradero de los secuestradores y de los trabajadores.