Mediante una carta abierta, el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz expresó su respaldo a la ex senadora Piedad Córdoba luego de que la Corte Constitucional dejara en firme la decisión de la Procuraduría que inhabilita a la líder política por 18 años.
“Nos sumamos a la voces de rechazo ciudadano en Colombia, de humanistas del derecho y otras disciplinas en el mundo, ante la decisión de siete, de nueve, Magistrados de la Corte Constitucional que no ampararon los derechos políticos a la ex senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba Ruiz”, dice la comunicación.
Según la carta, la decisión de la Procuraduría desconoció el debido proceso, y se basó en prejuicios “del más diverso tipo”.
Según la organización, el único propósito de la ex senadora “desde su opción humanista y de la ecología social ha sido lograr el encuentro entre las partes, convocar una paz transformadora, en la que todas y todos en lo posible nos encontremos”.
El colectivo enfatiza en que Córdoba, luego de su destitución, no ha dejado de intentar salidas dialogadas al conflicto que vive el país.
“Estamos afectados pero no extrañados. Era una decisión anunciada desde hace semanas por algunos medios de información. Era una decisión en la que muchas fuentes nos informaron de la presión y de influencias para negar la restitución de los derechos a Piedad”, dice la Carta.
El colectivo advierte que con la actual cabeza de la Procuraduría “tememos lo que pueda suceder con Iván Cepeda, con el alcalde Gustavo Petro, como ya sucedió con Guillermo Asprilla y Alonso Salazar”.
Por último, Colombianos y Colombianas por la Paz asegura que "algún día la historia descubrirá que Piedad Córdoba nunca fue la terrorista que muchos pintaron y que han hecho imaginar. Descubrirán la mujer del corazón contra todo tipo de inhumanidad e injusticia contra cualquier ser humano, y de manera especial, contra los excluidas, a quiénes su voz y dignidad es negada”.
La ex senadora ha anunciado que luego de la decisión de la Corte Constitucional acudirá a los organismos internacionales para “el restablecimiento de sus derechos”.
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