El racionamiento de agua que padece la ciudad me recordó cómo siendo yo ministro de Vivienda advertí sobre las consecuencias de cancelar el proyecto de ampliación Chingaza 2 por el entonces alcalde Gustavo Petro. Hace 12 años, para ser más preciso, el 2 de junio de 2012, la Alcaldía tomó la muy equivocada y costosa decisión de abandonar el proyecto de ampliación de la capacidad del embalse del sistema Chingaza sobre el río La Playa, que aumentaba su capacidad de almacenamiento de los actuales 200 millones de m³ a más de 350 millones de m³, y generaría un sistema multianual que ofrecía total seguridad de abastecimiento a la ciudad hasta el año 2050.

La obra, que estaba programada para entregarse en 2017 y con un costo estimado de 371 millones de dólares, hubiera permitido que Bogotá y los municipios de la Sabana que abastece el sistema hoy contaran con cuatro meses adicionales de reservas.

Recuerdo bien que el entonces gerente del Acueducto, Diego Bravo –sí, el mismo de los camiones oxidados y la crisis de las basuras de la ciudad–, en medio de un ritual indígena como les gusta todo, anunció que “por instrucciones del señor alcalde Gustavo Petro no se construirá la segunda fase del principal embalse de agua potable de la ciudad conocido como Chingaza 2”. Y añadió que “el compromiso internacional nos obliga a retirar el trámite de licencia ambiental porque no necesitamos esa ampliación y porque vamos a comprometernos con la conservación de los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero”.

En perfecta armonía mediática, ese mismo día Petro firmaba el Pacto de Instambul y anunciaba que hay que parar a toda costa las urbanizaciones en las afueras de la capital (como si él mismo no viviera en una casa en Chía) y además prohibir la venta de agua en bloque a los municipios vecinos. Qué paradoja que el verdadero responsable de los racionamientos en la capital sea el que ahora se presenta al mundo como el adalid del agua. A la par que los millones de colombianos que vivimos en Bogotá aguantamos los racionamientos.

Con esta equivocada y costosa decisión que cambió por completo el programa de abastecimiento de agua potable para la ciudad, contenido en el Acuerdo 11 de 1997, se pararon los necesarios ensanches de las represas y de paso todos los programas de vivienda en el norte de la ciudad.

En su momento denuncie públicamente la gravedad de esta decisión del alcalde Petro: “Me parece un uso arbitrario el que el alcalde tome esta decisión con respecto al agua, que causará profundas secuelas en el desarrollo de la región central del país”. Tras la denuncia solicité al Ministerio de Ambiente que revisara la totalidad de la concesión que tenía la empresa de Acueducto sobre esas aguas.

El martes pasado Petro afirmó: “En campaña dije que estaba en desacuerdo con proyectos emergentes de embalses, pero dadas las circunstancias y entendiendo ahora sí cómo funciona al detalle este sector, Colombia debe retomar proyectos de embalses. Necesitamos que haya proyectos de embalses y que haya inversión y apuestas en este sentido”. Qué tal el cinismo. Por lo menos reconoce que cuando tomó la irresponsable y costosa decisión no tenía ni idea de lo que significaba un embalse. Y ahora pretende atraer inversiones hacia ese sector. Me pregunto yo a quién va dirigida esa invitación. Seguramente no a los inversionistas privados, que aborrece y en cuyas manos para nada quisiera que estuvieran el manejo del agua potable y la prestación de este servicio público. De esta triste historia no puede quedar más que una reflexión, y es que las malas y equivocadas decisiones en el sector público las terminamos pagando más temprano que tarde todos los ciudadanos y por desgracia no quien se equivoca por ignorancia o politiquería.

La rectificación de Petro resulta demasiado tardía, pero quizás sirva para que reflexione sobra muchas otras decisiones que está tomando de manera equivocada en diversos sectores estratégicos para Colombia como el petróleo, el gas, la minería o el sector eléctrico, y sobre los cuales sus consecuencias pueden ser irreparables para el país.

¿Y dónde estará Petro en algunos años? ¿Se hará entonces responsable de la crisis desatada en materia de salud o pensiones por causa de sus equivocadas decisiones? ¿O quizás tendrá que enfrentar directamente sus consecuencias porque aún estará en el poder?