Nada desmotiva más a un soplón que no pase nada con lo que delata. Que no se castigue a quienes echan al agua. Es así que, sabiendo de la impunidad, de la inacción de quienes deben castigar, cuesta que la ciudadanía asuma su rol de denunciante de los abusos. Sin la garantía de que se puede sancionar al abusador, el soplón deja de sentirse con el poder y el derecho, para empezar a verse vulnerable y amenazado. Entonces mejor guarda silencio.
Hace unos días, la Liga contra el Silencio me invitó a escribir sobre el caso que se le sigue en el Reino Unido a Julian Assange, fundador de Wikileaks. El personaje que sistematizó millones y millones de datos reservados de Estados Unidos, en especial sobre sus abusos de poder y sus violaciones de derechos humanos en sus guerras. (Se puede leer completa acá: https://shorturl.at/aJLO1)
Es el caso de delación —o sapeo— más grande de la historia. Solo por saber organizar la información de sus soplones, Assange terminó procesado. ¿Qué le esperará a los demás? Estados Unidos lo está pidiendo en extradición y dos jueces británicos deben decidir entre esta y la otra semana si acceden. Le imputan delitos de espionaje, sabiendo que, en realidad, los datos reservados que publicó Wikileaks fueron llegando con filtraciones de otros soplones… o “sapos”, como los conocemos.
Mientras el caso de Assange se tomaba los titulares, por los mismos días Colombia vio la persecución contra un par de soplones. Fabio González y Pablo Bolaños, funcionarios del CTI que delataron a su colega Francisco Javier Martínez, conocido como ‘Pacho Malo’, por hacer parte de una red de narcotráfico en el Valle del Cauca. Pero además denunciaron que la fiscal general (e) Martha Mancera sabía y lo habría estado encubriendo. 
La misma Fiscalía, encargada de investigar delitos, los llevó de ser soplones a ser los delincuentes. ¿Qué nos esperará a los demás? Por si fuera poco, se supo que parte de la operación contra ellos, por denunciar, se gestó en la Fiscalía en Manizales. ¿Qué les espera a los soplones caldenses? Hasta acá habría llegado uno de los hombres de confianza de la fiscal (e) Mancera para hacerles cambiar su versión, según contó Daniel Coronell (https://shorturl.at/frKP9) y la Revista Raya (https://shorturl.at/foEI6).
Sumemos que la procuradora general Margarita Cabello acaba de ser denunciada por clientelismo en su entidad, con más de 300 nombramientos, que debían ser por mérito, entregados a dedo a personas cercanas a clanes políticos.
Sumemos que el contralor general Carlos Mario Zuluaga también es “(e)”, como la fiscal: encargado, interino, mientras tanto. Entre los peores mensajes del control a los recursos está la costumbre de que los políticos pasen a contralores y los contralores a políticos. Una movida que da muy poca confianza a los denunciantes y soplones, pues muestra que lo que se denuncia contra unos lo encubrirán los otros, porque son los mismos cambiándose de camiseta.
Nombraron de contralor delegado a Carlos Alberto Arias, exsecretario y excandidato del anterior Gobierno de Manizales, que hoy debería ser objeto de todos los controles y sanciones. Pero también volvieron a vestirse de funcionarios el nuevo secretario General de la Alcaldía de Manizales, Juan Felipe Álvarez, excontralor provincial para Caldas, y el nuevo secretario de Gobierno del Departamento, Jorge Andrés Gómez Escudero, excontralor departamental.
Si alguien de verdad sabe dónde están los $40 mil millones del anticipo de la PTAR de Manizales, entregados por Carlos Mario Marín, es posible que a la persona que sepa le queden muy poquitas ganas de soplar.
Colombia necesita una ley que proteja a los denunciantes de corrupción y soplones. Que les dé seguridad, que les brinde garantías, recompensas e incentivos. Iván Duque intentó con un proyecto de ley que nunca se aprobó. Ahora el Gobierno de Gustavo Petro dice estar intentando con otro proyecto, con el ministro de Justicia al frente. Cuentan que espera hacerse como homenaje a Jorge Enrique Pizano, el fallecido auditor de la Ruta del Sol II, el último ícono de nuestros soplones.
“Ji ji ji, pero esto es una coima, marica”, reconoció Néstor Humberto Martínez cuando Pizano le sopló las pruebas que tenía sobre la posible corrupción entre Odebrecht y el Grupo Aval. Con el tiempo, Martínez pasaría de abogado de Aval a fiscal general y sobre Pizano se sigue averiguando si lo asesinaron.