LA PATRIA | MANIZALES
El 10 de agosto de 2017, un manizaleño se derrumbó al escuchar la decisión del juez, en su contra, por un proceso judicial: 95 meses de cárcel y una multa de $141 millones. Su único consuelo era que podría pagar la pena en su casa.
Sin embargo, no desfalleció, le apostó a su inocencia y apeló ante el Tribunal Superior de esta ciudad. Hoy, 18 meses después, le dieron la razón en segunda instancia y ordenaron su libertad inmediata. El alma le volvió al cuerpo.
A este señor lo acusaron de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Todo arrancó cuando decidió comprarle el carro a un primo, para ello suscribieron una promesa de contraventa, en mayo del 2011.
El negocio fue por por $17 millones, pagaderos así: cuota inicial de dos o cuatro millones de pesos y luego cuotas mensuales de 400 mil pesos hasta cubrir la totalidad de la deuda.
El comprador arrancó bien, pero solo pagó abonos hasta mayo del 2012 y se desentendió de su obligación. Para cobrar el resto de su dinero, el vendedor inició una acción civil en contra de su primo, pero este en mayo de 2013, en declaración juramentada, aseguró que el dueño le había transferido el dominio total del carro, sin acabar de pagar.
Al día siguiente el vendedor solicitó un certificado de tradición del vehículo y se encontró con la sorpresa de que su primo lo había transferido a otra persona, supuestamente con su autorización, pero él ni lo sabía.
La Fiscalía acusó entonces al hoy absuelto y a un tramitador, por varios delitos. Se indicó que ambos vendieron el carro, sin permiso, por $10 millones 500 mil y presentaron documentación falsa en la Secretaría de Tránsito de Villamaría. "Condujeron al error al funcionario público".
En julio del 2015 los llevaron a audiencia, pero no aceptaron cargos, ni los encerraron. Luego, el tramitador hizo un preacuerdo, aceptó, le dieron 44 meses de condena por fraude procesal y quedó libre. El otro, el primer comprador del carro, se fue a juicio para demostrar su inocencia, pero lo condenaron.
Su abogado, en la apelación, manifestó que su cliente no participó en la falsedad, ni la conoció, que eso lo hizo fue el tramitador, quien ya había aceptado su mala acción. Además, el señalado nunca le ocultó al nuevo comprador que se trataba del carro de su primo. Incluso, le mostró documentos.
Fue el tramitador el que engañó al primer dueño para que firmara de nuevo los papeles de traspaso, diciéndole que se habían perdido, sin que el ahora absuelto supiera de ello.
El Tribunal consideró que no se demostró que el señalado tuviese que ver en esa serie de delitos. "Las pruebas son insuficientes. Las dudas le favorecen", sentenció.
Al respecto, las autoridades advierten sobre las precauciones que deben tenerse a la hora de escoger un tramitador y el cuidado al firmar todo tipo de documento.
$300 mil cobró el tramitador.
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