LA PATRIA | MANIZALES

Primero dijeron sí y ahora se arrepintieron. Además, pretenden que el Juez especializado de Manizales decrete como nula la imputación de cargos. Esto ocurrió esta semana, durante la audiencia de verificación de allanamiento contra tres hombres, uno de ellos de esta ciudad, sindicados de testaferrato.

Sus abogados, Carlos Mario Henao Sierra y Mauricio Tabares Potosí, indicaron que sus clientes, que están libres, quieren retractarse. Además, que se anule la audiencia de agosto del 2014, donde le dijeron sí al cargo imputado por la Fiscalía.

Consideraron que a sus clientes les violaron los derechos a la defensa porque el ente acusador dio por sentado, en el caso del manizaleño, que entendió de qué se le acusaba por el solo hecho de que era estudiante de derecho.

La Fiscalía argumentó que desde el momento en que al caldense se le vinculó al proceso se le dieron a conocer los derechos que lo asisten a través de sus dos abogados. Con él se estableció no vincular a su esposa en el proceso, a cambio de aceptar cargos. Además, el sujeto advirtió ante el juez de control de garantías que entendía de qué se le sindicaba, sumado a que apenas era estudiante.

Al final, el juez negó las solicitudes, pero los defensores apelaron de la decisión, por lo que será el Tribunal Superior de Manizales el que resuelva.

El caso

Al manizaleño y a su esposa los capturó el CTI de Chinchiná, en Cali, el 2 de agosto del 2014. Al parecer, la pareja puso a su nombre un apartamento en el barrio Milán de esta ciudad, el cual era propiedad de Carlos Enrique Galindo Zuluaga, desaparecido junto a su amigo Rubén Darío Gómez Ortiz, cuando viajó a Panamá, el 23 de junio del 2009. El 12 de febrero del 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró a Galindo Zuluaga como muerto.

César, hermano de Carlos Enrique, expresó ante la Fiscalía los manizaleños viajaron a Panamá para terminar el montaje de una empresa de abono orgánico, de la que su hermano sería el mayor accionista. Perdió contacto con él ese mismo año.

Un día recibió una llamada donde le decían que debía comunicarme con una señora, alias la Flaca, que le daría más detalles sobre ellos. Al contactarla, le indicó que Carlos Enrique estaba secuestrado y que por su liberación pedían $2 millones de dólares. Luego le bajaron la cifra a un millón de dólares, pero tampoco contaba con ese dinero.

A Manizales llegó luego un hombre conocido como el Teniente, y citó a César y a integrantes de su familia. Les recalcó que para liberar a su hermano debían entregar todos sus bienes. Así lo hicieron por miedo a que le pasara algo.

Ahí fue donde se enteraron de que el inmueble en Milán estaba escriturado a nombre del manizaleño y de la esposa.

Al parecer, eran muy cercanos a los otros dos acusados en este proceso: alias Guerra, de 37 años, detenido el 18 de julio del 2014 cuando regresaba de Panamá y que sería el responsable de la desaparición de los dos caldenses; y alias Juan, el 14 de agosto de ese mismo año.

El Artículo 326 del Código Penal establece prisión entre 8 y 22 años para quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del narcotráfico, secuestro extorsivo o extorsión. El proceso por la desaparición de los caldenses se tramita en Panamá.

La cifra

$300 millones, el avalúo del apartamento en Milán.