Reparos por forma de contratar en Centro de Recepción de Menores

LA PATRIA | MANIZALES

Un hallazgo fiscal de la Contraloría y la manera de contratar por prestación de servicios, pues una sola persona alcanzó a tener siete contratos en un año fueron algunos reparos que se escucharon ayer en el Concejo de Manizales, durante la rendición de cuentas del Centro de Recepción de Menores.

Los concejales Julián Fonseca, Andrés González y Gonzalo Valencia, del Partido Conservador, citaron a María Enidia Ríos Naranjo, directora de esa entidad.

La funcionaria expuso durante 40 minutos los alcances en materia de prevención y protección, entre los que destacó la importancia de los jardines infantiles nocturnos, la lucha contra la drogadicción y la violencia intrafamiliar. Incluso, el apoyo a venezolanos.

Andrés González aceptó que por un error de digitación se presentaron mal las cifras, pero pidió mayor cuidado a la hora de entregar informes. Señaló que el informe fue muy extenso, pero no específico, y que no quedó clara la manera cómo se les presta la atención a los pacientes.

"Vemos que han cumplido sus funciones, pero no en toda la ciudad. Hay cosas para mejorar y creo que vienen haciendo un buen trabajo. No es posible que a una persona le den siete contratos al año, sino que cada mes y medio espera que le renueven. Nadie puede trabajar con estas condiciones", concluyó González.

Ríos Naranjo señaló que con el trabajo que realiza el Centro se quitó un estigma y ahora cuentan con un portafolio de servicios más amplio, como lo son la atención a consumidores de estupefacientes y las capacitaciones.

Sobre las observaciones, reconoció que se modificó el informe por una solicitud que le hicieron el año pasado, también en el Concejo, pero corregirá los errores. En cuanto a la contratación, expuso que el retiro del ICBF, en el 2016, les acarreó problemas financieros y por eso contrataban de acuerdo con los recursos que iban llegando.

Causas del retiro

En noviembre del 2016, el Centro reprobó los estándares de calidad que exigió el ICBF y no se renovó el contrato que alcanzaba los $807 millones.