LA PATRIA | MANIZALES

"Asael Ricardo Arias Loaiza fue calificado en un riesgo ordinario, cuando realmente era extraordinario o superior. Esto conllevó a una falla en el servicio". Así se refirió el Tribunal Administrativo de Caldas al confirmar, en segunda y última instancia, la indemnización para los familiares del asesinado, que en el 2011, época de los hechos, era el personero de Aguadas.

La firma Javier Villegas Posada Abogados, que defendió los intereses de la familia de Arias Loaiza, indicó que en el fallo se dijo que pese a las repetidas cartas, oficios y comunicados enviados por la víctima a las entidades hoy condenadas (Policía y el Ministerio del Interior), no le brindaron protección.

Cuando lo asesinaron en la puerta de su casa en Aguadas, el 13 de enero del 2011, estaba solo.

"Arias Loaiza, en su afán de proteger y hacer respetar los derechos de los menores, promovió políticas para controlar la venta de alucinógenos y licor en su municipio, lo que generó las amenazas que lo llevaron a solicitar protección", explicó la firma de abogados.

El colectivo añadió que la Policía y el Ministerio del Interior evaluaron el nivel de riesgo y determinaron que era ordinario y no ameritaba escolta, solo monitoreo policial, rondas de seguridad en su trabajo y residencia e indicaciones de medidas de autoprotección.

Arias Loaiza tenía esposa y un hijo de 5 años. Además, esperaba el nacimiento de otro, en cuatro meses.

Resumen

• Luego del asesinato, la Fiscalía indicó que personas involucradas en procesos judiciales de abuso sexual y microtráfico de droga estarían detrás del homicidio. No se establecieron los responsables.
• En agosto del 2010 recibió intimidaciones telefónicas. Luego le solicitó al Concejo un permiso para abandonar su cargo temporalmente, y se fue de Aguadas por 20 días.
• En ese municipio tuvo gran injerencia el frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, responsable de varios crímenes de políticos y funcionarios locales.