LA PATRIA | MANIZALES

Miguel Ángel González Gutiérrez, acusado de homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, pasará cuatro años y dos meses detenido por matar a una persona y herir a otras dos.

El Tribunal Superior de Manizales avaló el preacuerdo establecido entre la Fiscalía y su abogado. Los hechos se remontan al 15 de octubre pasado, en la fonda La Fortuna, de la vereda El Tigre, sector La Quiebra, de Salamina. A la Policía le indicaron que en ese sitio habían matado a una persona. A la víctima la identificaron como Yovan Andrei Amaya Echeverri, a quien le dispararon en varias oportunidades.

También resultaron lesionados Johan Ríos Amaya, en un brazo; y José Wílmer Amaya, en la cabeza. Este último, padre del fallecido, les expresó a las autoridades que tuvo un problema por tierras con Ramiro Amaya Ramírez y en esa riña se metió el hoy detenido, Miguel Ángel, quien accionó un arma de fuego. Detuvieron en flagrancia al responsable. No aceptó cargos y lo mandaron para la cárcel.

El 30 de noviembre del 2017 se radicó ante el Juzgado un preacuerdo estableciendo que el procesado actuó con ira e intenso dolor. Las audiencias se desarrollaron en enero y en febrero de este año, pero el juez no lo aprobó, debido a que no tuvieron en cuenta a las víctimas.

Ya, el 21 de marzo, le dio el aval, pero el representante de la familia del fallecido apeló ante el Tribunal.

Las voces

• Juez. "Respeto lo pactado y es viable la negociación porque no se vulneró el principio de la legalidad".
• Apelante. "Las víctimas no están siendo indemnizadas, pues el hecho de que se aplica la disminución propugna a la ausencia de la verdad y aunado a ello se han tenido conversaciones fallidas con la defensa para una reparación pecuniaria. No se entregó el arma de fuego. Al cumplir la corta pena podrían reincidir cuando salga".
• Abogado de sentenciado. "Mi defendido fue llevado a un hospital el día de los hechos y el arma desapareció. No es obligación demostrar la ira".
• Tribunal. "El fiscal tiene la facultad suficiente para negociar con la defensa, debe citar a la víctima, pero no tiene carácter obligacional lo que manifieste. El juez debe ajustarse a lo pactado, siempre y cuando no se evidencie vulneración de derechos fundamentales. El preacuerdo no busca examinar si cada parte o interviniente está satisfecho con lo pactado, ni mucho menos verificar perspectivas personales o subjetivas sobre el valor de la justicia".