A pagar por ejecuciones extrajudiciales en Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

$1.300 millones tendrá que pagar el Ejército Nacional por tres casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en Caldas y otros departamentos, y en el que murieron tres civiles. Así lo estableció un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, haciendo referencia a supuestos combates con unidades militares en el 2007.

"En los tres casos, la Sección encontró ciertos patrones comunes que llevan a concluir que se presentaron falsas e ilegales acciones, so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales por miembros de las Fuerzas Militares. La posición en la que se encontraba la unidad militar respecto de la víctima no era propicia para un enfrentamiento y ningún uniformado pudo ver a los miembros del presunto grupo armado o de bandas criminales a los que supuestamente pertenecían los civiles", estableció el Consejo.

Lo de Caldas

El caso de Caldas ocurrió en la vereda El Chuscal, de Chinchiná. El Ejército reportó que el 18 de agosto de 2007 murieron Adrián Vélez Londoño y dos muchachos más en un enfrentamiento, y que pertenecían al Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. Se comprobó que fue un montaje de militares del grupo Esparta, del Batallón de Contraguerrilla Número 57 de Popayán, en coordinación con tropas del Batallón Ayacucho. Fue un caso de homicidio en personas protegidas.

Vélez Londoño trabajaba en un taller de muebles en Pereira y ese día, a las 5:00 de la tarde, departía con unos amigos del barrio La Esneda (Dosquebradas). Lo obligaron a abordar una camioneta blanca. 48 horas después los reportaron como muertos en combate en esa vereda caldense. La investigación estableció que no hubo enfrentamiento y que las víctimas no portaban armas. Todos recibieron disparos por la espalda.

El 24 de abril del año pasado, el Juez Penal Especializado de Manizales condenó a Juan Carlos Arenas Huertas, conocido como Cuca, a 50 años de prisión por esos homicidios de El Chuscal.

El Consejo de Estado dijo que se trató de una grave violación a los Derechos Humanos, y recalcó que la reparación a su familia no puede reducirse a un valor económico, sino que también debe incluir mínimas obligaciones en términos de memoria, recuperación del buen nombre y dignidad humana.

En los tres casos, la Sala ordenó actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de disculpas a las familias de las víctimas, encabezados por el Ministro de la Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares.

Finalmente se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los militares involucrados en estos hechos.