LA PATRIA | MANIZALES

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a reparar a las familias de 29 personas, detenidas en Quinchía (Risaralda) por supuestos nexos con el Epl, y a quienes nunca les pudieron comprobar los señalamientos. Se trata de una indemnización de $7.300 millones.

En septiembre del 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se desarrolló la Operación Libertad, que derivó en la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento de estas personas, y meses después terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y, algunas, de secuestro extorsivo.

No obstante, en julio del 2005, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por falta de elementos materiales probatorios que relacionaran a estas personas de tener supuestos nexos con grupos guerrilleros.

Acciones

Por esa razón, los señalados interpusieron una acción de reparación directa que se falló a su favor al encontrar que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del Epl.

Tras la apelación al fallo de reparación directa, el Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del ente investigador al estimar que la Fiscalía no probó que los acusados hubieran cometido los delitos por los cuales los acusó. Además, no acreditó que su presunto aporte a la subversión no fuera producto de la coacción a la que se vio sometida la población de Quinchía en la época de los hechos.

Para la corporación, testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo. "El accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente sustituían a las fuerzas del orden”.

Historia

• 20 años de acciones ilegales tuvo el Epl en Quinchía (Risaralda), Anserma y Riosucio.
• 7 de julio del 2006 fue la fecha en que dieron de baja a Berlaín de Jesús Chiquito Becerra, alias Leyton, principal cabecilla. Le atribuyeron el secuestro de 29 personas. A 13 las asesinaron.
• En el 2002 plagiaron a ocho personas; en el 2003, a ocho; en el 2004, a tres; en el 2005, a cinco, y en el 2006, a cinco.
• Fue el responsable del secuestro, en el 2006, de Juan Carlos Lizcano, hermano del senador Mauricio Lizcano e hijo del también excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien también estuvo ocho años en poder de las Farc.

La Operación

El 28 de septiembre del 2003, unos 800 militares llegaron a Quinchía y detuvieron a unas 100 personas, incluido el alcalde, los policías y un ciego. Los llevaron a la cárcel La 40, de Pereira. Las autoridades se apoyaron de helicópteros y armamento pesado. De los 120, solo se les demostró a cuatro la existencia de vínculos con los guerrilleros.