LA PATRIA | MANIZALES
La propietaria de una casa que quería vender por $110 millones en el barrio La Arboleda de Manizales, y el comisionista que pretendía adquirir la propiedad se salvaron de perder lo que tenían, pues una mujer que intentó suplantar a la dueña fue condenada por falsedad en documento.
Jackeline del Río García, presunta estafadora y residente en Medellín, fue capturada por uniformados de la Policía el 22 de julio en la Notaría Segunda de la capital caldense, cuando los funcionarios detectaron que tenía una cédula falsa, con la que pretendía vender una vivienda que no era suya.
La pillaron
El día que la aprehendieron, del Río entregó la cédula para adelantar la diligencia, pero la persona que la atendió comparó huellas y notó que no concordaban. Por ese motivo hizo el llamado de alerta a las autoridades y se contactó con la verdadera dueña de la identidad y de la vivienda.
La sospechosa insistió en que era la dueña de la cédula, pero luego de un rato cedió y aceptó que había falsificado el documento. Los agentes se la llevaron para individualizarla, mientras que la víctima puso la denuncia.
Al otro día, en audiencia preliminar en donde la acusaron por fraude procesal en concurso con el uso de documento falso, no aceptó los cargos, pero posteriormente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en donde se allanaría solamente por uso de documento falso y obtuvo una rebaja del 12,5 por ciento de la pena.
La justicia se pronunció
La estafadora tiene pendiente una investigación por otro caso de estafa y es, al parecer, cómplice de otro avivato que aparentemente el año pasado le robó $60 millones a otro hombre en Villamaría, cuando le vendió una casa que tampoco era de él, y que, según sus dueñoss está avaluada en $85 millones.
Se podría tratar de una banda proveniente de Antioquia dedicada a este método de estafa, pues en ambos casos hay un individuo que se hace conocer como Francisco Javier.
Goza de detención domiciliaria en Itagüí y está a la espera de un juicio, pero este se ha aplazado varias veces y la Fiscalía solicitó explicación sobre por qué el Inpec no lo traslada a Manizales cuando lo han requerido.
Del Río aceptó los cargos. La pena por este delito oscila entre cuatro y nueve años, pero en el preacuerdo determinaron que partiría de cinco años y cuatro meses.
Con el beneficio que le dieron al acogerse a una sentencia anticipada y por renunciar al juicio oral, pagará cuatro años y ocho meses, pero podrá tener detención domiciliaria, pues es madre cabeza de hogar y goza de arraigo en Medellín. Por el otro delito, apenas la están investigando y no tiene cabida como antecedente penal.
Sumado a esto, tendrá que entregarles a las víctimas una suma cercana a los $3 millones y tiene tres meses de plazo para pagarlos o, por el contrario, demostrar insolvencia.
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