Jaime Alberto Osorio Valencia, del Partido Conservador.

Foto | Cortesía | LA PATRIA Jaime Alberto Osorio Valencia, del Partido Conservador.

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LA PATRIA | MANIZALES

El presidente del Concejo de Anserma en el 2014, Jaime Alberto Osorio Valencia; y la particular Gloria Nancy López Cardona; enfrentan un proceso judicial. El primero por peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. La mujer, por falsedad ideológica en documento público y peculado.

El abogado del político busca la preclusión por el delito de contrato sin cumplimiento, pero el juzgado de esa población se abstuvo de pronunciarse frente a la solicitud, por declararla improcente, por lo que apeló ante el Tribunal Superior de Manizales que, en decisión reciente tampoco se pronunció y remitió las diligencias al juzgado de origen para que continúe el proceso. Consideró que la decisión de la jueza no era objeto de recurso y ella se equivocó al otorgarlo.

Según el escrito de acusación, Osorio Valencia tramitó y celebró un contrato para suministrar los materiales eléctricos y construcción necesarios para la adecuación del recinto del Concejo de Anserma, pero con inobservancia o falta de verificación de los requisitos que regulan la contratación estatal.

"Igualmente, con ocasión de las irregularidades, se apropió para su beneficio de $5 millones 434 mil, gracias al aporte de Gloria Nancy López Cardona, la secretaria de la Corporación para la época, quien certificó el cumplimiento del objeto del contrato aludido, lo cual no ocurrió", contó el ente acusador.

El abogado del concejal argumentó que su cliente no estaba facultado por la ley para celebrar contratos, ni había sido delegado por la autoridad competente. Expuso que los alcaldes son los únicos facultados. "La conducta es atípica".

El fiscal respondió que el acusado sí ostentaba la condición de servidor público y tenía la posibilidad de contratar -como presidente del Concejo-, pues la entidad contaba con un presupuesto autónomo asignado.

Este proceso no quiere decir que sean culpables, será un juez quien determine si tienen responsabilidad en lo que los acusan.