LA PATRIA | MANIZALES
Transportaban 58 kilos de marihuana. Sin embargo, la Fiscalía llegó a un preacuerdo con la defensa de los procesados y les reconoció circunstancias de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema. Por esa la sentencia pasó de 10 años seis meses a 4 años cinco meses. A Cristian Duván Correa Restrepo y Wálter Ortiz Ruiz les negaron subrogados y quedaron detenidos. Los esposos Diana Paola Velasco Mesa y Dairon Yerminson Paja Ipia fueron remitidos al resguardo indígena de Tacueyó (Cauca), de donde son naturales. Allí purgarán la pena.
A ellos los detuvieron el 21 de diciembre de 2017, a las 6:00 de la tarde, en la vía Cauya-La Pintada, cuando viajaban en un bus de Flota Occidental. La Policía los requisó, verificó sus documentos y se encontró con que en cuatro maletas había igual número de paquetes con marihuana.
Los uniformados preguntaron por los propietarios y nadie dio razón. Sin embargo, en una maleta había un recibo con la tarjeta débito Bancolombia de Ortiz Ruiz, quien finalmente confesó que eran de él y de Correa Restrepo. Cuando los policías les leían sus derechos como capturados, echaron al agua a la pareja de esposos, de quienes indicaron eran los propietarios de la droga. También terminaron detenidos.
Los llevaron a audiencia ante el juez Promiscuo Municipal de Supía en función de control de garantías. Los imputados no aceptaron cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, pero a tres los mandaron para la cárcel. A la mujer le dieron domiciliaria.
Las audiencias se surtieron ante el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio desde febrero pasado, hasta que se presentó el preacuerdo y la posterior sentencia de 4 años cinco meses.
No se hicieron merecedores a la suspensión condicional de la pena, pues la sentencia supera los 48 meses. La pareja paga su pena en el resguardo. La mujer, en domiciliaria, por ser madre cabeza de hogar y tener una hija de 9 años.
Y el hombre, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional definió el fuero indígena como el derecho del que gozan los miembros de esas comunidades, por el hecho de pertenecer a ellas, a ser juzgados por sus autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Además, en el sitio hay un espacio de reclusión acorde.
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