Los acusan de peculado, pero quedaron libres

LA PATRIA | MANIZALES

Los defensores argumentaron que aunque se trataba de conductas reprochables y graves, no existían pruebas de que los acusados quisieran poner en riesgo la vida de las víctimas, todos ellos carecían de antecedentes penales, tenían arraigo y no eran  criminales. Además, dos años después de los hechos estuvieron compareciendo al proceso, por lo que tampoco había pruebas razonables de que pudieran fugarse, en caso de que la justicia los llamara, con ello suplicaron al togado que no ordenara su privación de la libertad, porque no se cumplían los requisitos de ley para ello, petición que el juez aceptó.

Nueve personas, dos de ellas implicadas en el delito de peculado por apropiación, y las otras como intervinientes en ese mismo delito, (presuntamente coadyudaron para que los primeros se apoderaran de dineros de la administración pública) se salvaron de ir a la cárcel. Un juez penal de Manizales decidió que en este caso, aunque la Fiscalía contaba con pruebas y se trataba de un hecho grave, no se cumplieron los requisitos legales para privarlos de la libertad.

Los hechos por los cuales se realizó la audiencia se remontan al 2012 y el 2013. Según el ente acusador, para esa época un estudiante de Derecho hacía un reemplazo en el Juzgado Cuarto de Familia. Aprovechando su cargo como despachador, al parecer, orquestó un alianza con varios particulares para que cobraran títulos judiciales que correspondían al valor que algunos padres depositaban allí por el pago de demandas alimentarias, lo que perjudicaba la manutención de los niños beneficiarios.

Cuando sus madres reclamaban, otra persona, que no contaba con aval legal, se había llevado el título y lo había cobrado en un banco del Estado. El estudiante de Derecho fue quien, presuntamente, se apoderó de, al menos, $40 millones. Incluso, vinculó en esas anomalías a su cuñada y a su suegra. Una de las que, posiblemente, facilitó ese detrimento de la administración pública, fue acusada de cobrar 20 títulos judiciales, equivalentes a $6.986.000.

De las supuestas vinculadas por el estudiante de Derecho, ella fue quien más veces reclamó esos títulos. En total, los implicados cobraron, al menos, 30 títulos judiciales ilegalmente, explicó el ente acusador. Varios de ellos son profesionales o estudiantes universitarios. El caso lo descubrió la Fiscalía cuando una de las afectadas se enteró que era beneficiaria de unas cesantías que depositaba el padre de su hijo en la cuenta bancaria del Juzgado Cuarto de Familia. Al reclamarlas supo que otra persona, utilizando artimañas, se había llevado $2.800.000 que le pertenecían. A pesar de que el despachador le pidió, por fuera de la oficina, que no le contara a nadie para que no lo echaran y que él se comprometía a pagarle el valor de los cinco títulos, ella denunció el hurto. La Fiscalía pidió cárcel para cuatro de los nueve, quienes no aceptaron cargos, bajo los argumentos de ser un peligro social y para las víctimas. Además, por no tener vergüenza al reclamar dineros ajenos.