Líderes de Holocausto se defienden de acusación

LA PATRIA | MANIZALES

El 1 de abril del 2012 jugaban Once Caldas y Quindío en el Estadio Palogrande, de Manizales. Ese día no hubo goles, pero sí un enfrentamiento entre hinchas del mismo bando.

Luego llegaron los policías encargados de la seguridad e intentaron disolver la pelea, pero cuatro uniformados resultaron lesionados. Ellos acusan a los líderes de los barristas, el concejal del Partido de la U Juan Sebastián Gómez y a Jhon Jairo Vásquez, el Loco, de propiciar la disputa. Estos aseguran que nada tuvieron que ver.

Dicen que promovieron la disputa

La primera versión explica que cuando los uniformados vieron a la gente peleando en la tribuna norte intentaron separar a los implicados, pero uno de ellos sacó una varilla de metal y golpeó a un policía, que rodó por las escaleras, y que Jhon Jairo lo pateó en el suelo. Luego llegó otro y le causó heridas con un arma blanca.

En el relato que leyó el fiscal ayer, durante la audiencia de formulación de acusación por violencia contra servidor público, se asegura que ambos implicados alentaron a los otros barristas para que siguieran con la agresión, que como resultado dejó a cuatro agentes con múltiples heridas.

Un video los salvaría

El concejal desmintió las declaraciones que se hicieron durante la audiencia y explicó que el video que la Fiscalía presentó como prueba lo entregaron él y Vásquez para demostrar que ellos estaban en otro sector de la tribuna cuando ocurrió el hecho.

Así mismo, explicó que quien portaba la varilla era un policía, que agredió a varios aficionados y por eso los otros reaccionaron ante el ataque. Se mostró sorprendido por la supuesta agresión con arma blanca, pues un día después vio al agente durante una reunión en la que, incluso, les ofrecieron disculpas a los hinchas por lo que pasó.

"Tengo otro proceso penal en calidad de víctima con policías y espero que una cosa no tenga que ver con la otra. Es un proceso normal, pero no puedo estar tranquilo", explicó Gómez.

El otro pleito jurídico se refiere a un ataque que sufrió el concejal en febrero del 2013 en el barrio Laureles, cuando intentó evitar que unos policías agredieran a un muchacho y terminó con una fractura de clavícula, causada, al parecer, por los uniformados.

La pena por violencia a servidor público puede oscilar entre cuatro y ocho años de prisión. La audiencia preparatoria, previa al juicio, se programó para el 22 de mayo.