Le habrían pedido $530 millones a comerciante, en Manizales, para no investigarlo

LA PATRIA | MANIZALES

A cinco funcionarios del CTI los investiga la Fiscalía de Bogotá especializada contra la corrupción. Supuestamente le exigieron $530 millones a un comerciante manizaleño para no involucrarlo en un proceso judicial por lavado de activos y narcotráfico.

Ante un juzgado de Control de Garantías se llevó a cabo ayer  la audiencia en la capital caldense y en Cali. Fue la legalización de la captura la que captó la atención de los asistentes, pues los abogados de los detenidos criticaron la manera como detuvieron a los señalados.

Los defensores indicaron que sus defendidos siempre se presentaron voluntariamente en citaciones anteriores y justo cuando les iban a imputar cargos el ente acusador canceló la diligencia para solicitar una orden de captura.

Uno señaló que con esto la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, busca hacer un show mediático, un populismo punitivo y que desconoce las normas.

Estuvieron de acuerdo en señalar que se atacó la dignidad de los funcionarios, puesto que para capturarlos les solicitaron acercarse a las oficinas de la Fiscalía para realizar un operativo. "Los utilizaron de gancho ciego", sostuvo un defensor.

Pese a los reparos, el juez señaló que no existió ilegalidad en el proceso. Los presentaron antes de las 36 horas permitidas y les respetaron sus derechos, como quedó consignado en las diligencias. Un abogado apeló y se definirá la legalidad de la captura en segunda instancia.

Amenazas y seguimientos

La Fiscalía les imputó cargos a los capturados por concusión y falsedad ideológica en documento público, por hechos que tuvieron lugar entre mayo y septiembre del 2011, en Manizales.

Según las investigaciones, un hombre sirvió de enlace entre un funcionario y el comerciante, a quien le dijeron que en su contra existía una investigación. Le exigieron $500 millones para hacer desaparecer el proceso pagándoles a 10 personas y otros $30 millones para el investigador.

Posterior a eso, los capturados habrían empezado a hacer seguimientos a la víctima y a su familia. Llegaban a sus negocios o a las casas a hacerles preguntas sin consignar eso en ningún documento.

Como primer paso, el comerciante se vio obligado a entregarle $10 millones a un funcionario, quien luego lo amenazó con un arma de fuego y le dijo que si no colaboraba, tenía matones para solucionar el problema.

Luego lo citaron a dar declaraciones en el edificio de la Fiscalía, en la carrera 23, pero acudió con un abogado, lo que provocó la rabia de un señalado. Lo que dijo ese día tampoco lo documentaron.

En septiembre del 2011, el comerciante denunció a los hombres y días después se supo que se abrió una investigación contra él y su familia por lavado de activos y narcotráfico.

Ayer, los señalados no aceptaron cargos. Este proceso no quiere decir que el detenido sea culpable, simplemente que en su contra se adelanta una investigación y será un juez de la República el que decidirá si lo condena o lo absuelve.

La Fiscalía señaló que a la víctima no le figuran antecedentes y tampoco investigaciones en su contra.