HELMER GONZÁLEZ
LA PATRIA | MANIZALES
La función que hasta abril hacían 20 defensores públicos, adscritos a la Defensoría del Pueblo, en Manizales, ahora la hacen solo tres. La consecuencia es que los acusados, la mayoría privados de la libertad, se quedaron sin representación y el aplazamiento de audiencias es la constante.
No es menos traumático para las víctimas que esperan justicia. Desde el 29 de junio la familia de Romario Vergara Vergara, asesinado en Pío XII este año, acude a las audiencias programadas para conocer el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con alias Gaviria. Sin embargo, en dos ocasiones han aplazado la audiencia. El acusado sigue sin defensor.
Hay indicadores que revelan la magnitud del problema. Por ejemplo, en junio se aplazaron 136 audiencias, de unas 300 programadas, según datos entregados a Asonal. (ver recuadro Asonal se pronuncia).
Términos
Algunos internos, al parecer conscientes de la situación e inmersos en graves crímenes, han empezado a rechazar al único abogado gratuito que se les puede facilitar.
En una audiencia ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado, dos procesados por concierto para delinquir se negaron a reconocer la representación que les ofreció la Defensoría.
El jefe del despacho señaló en la diligencia que era casi obvio que estaban ganando tiempo para luego pedir libertad.
Se prevé que en poco tiempo aumentarán las solicitudes de libertad, por vencimientos de términos. Esto sucede cuando alguien tiene medida preventiva de detención intramural o domiciliaria y, por regla general, transcurre un año sin que se le defina su situación o sea llamado a juicio.
Aunque no hay una cifra exacta de cuántos procesos requieren del apoyo de la defensoría pública, jueces consultados por este medio señalan que está entre el 70% y el 95%.
Reestructuración
La reestructuración que llevó a la situación actual habría sido un tema tratado en una reunión privada del defensor nacional, Carlos Alfonso Negret Mosquera, con la dirección de la regional Caldas, en enero.
Junio fue el mes que dejó entrever los efectos de los cambios y que se aplicaron luego de una evaluación realizada en todas las regionales el 31 de marzo.
En mayo se conoció que a abogados, hasta con 20 años de ejercicio en la defensoría pública, no se les renovaría su contrato. A mediados de mes comenzaron los aplazamientos, pues se inició la entrega de los procesos.
A principios del mes pasado solo había un defensor para los juzgados penales del circuito y el especializado (ocho en total), avocado a recibir unos 700 expedientes.
Si por cada proceso se contara un detenido, en algunos hay hasta tres que requieren abogado gratuito, sería el equivalente a la mitad de internos de la hacinada cárcel La Blanca de Manizales.
Jueces consultados por este medio coincidieron en afirmar que sus despachos están paralizados y que la falta de defensores públicos producirá una congestión que nunca se ha visto en los despachos del circuito.
También afectará el principal indicador con el que el Consejo Seccional de la Judicatura mide a los juzgados: la cantidad de sentencias emitidas.
Otro tanto sucede con los despachos de la Fiscalía. Por ejemplo, el 29 de mayo se aplazaron cinco audiencias por casos de homicidio. “Qué vamos a hacer sin defensores (públicos)”, reclamó un representante del ente acusador.
Así están
Hay tres defensores públicos que deben atender los procesos que requieran los servicios de un abogado gratuito, generados en 13 despachos. Estos son los siete juzgados penales del circuito, el penal único especializado, tres de ejecución de penas y medidas de seguridad y dos penales para adolescentes.
Asonal se pronuncia
Antonio Gallego Torres, presidente de Asonal capítulo Caldas, indicó que desde el nivel nacional la dirigencia gremial ha llamado la atención sobre las anomalías que impiden evacuar los procesos como debe ser.
“Se están haciendo las gestiones ante el defensor nacional para exigirle que brinde los defensores suficientes, ya que en este momento se está jugando con la libertad de muchos detenidos. Así mismo, en Caldas por vencimiento de términos habrá obligación de dejar a muchos en libertad. No son los jueces los responsables, sino en este momento la defensoría pública”.
Sin respuesta
Este medio contactó a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para conocer alguna explicación sobre la falta de defensores públicos. Anunciaron, a través de la oficina de comunicaciones, que darían una respuesta u ofrecerían un contacto con un funcionario autorizado para ello, pero al cierre de esta edición aún no se generaba la misma.
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