A Jesús le negaron sus garantías

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La condena y crucifixión a Jesucristo es de interés no solo religioso, sino materia de estudio para el derecho penal. Refleja cómo se llevaba a cabo la aplicación de las leyes romanas, cuyo legado está presente en los ordenamientos jurídicos actuales.

La historia bíblica cuenta cómo capturaron a Jesús, los cargos por blasfemia que le imputaron ante el Sanedrín, que era la autoridad judía. Luego lo llevaron ante Poncio Pilato, procurador romano, ante quien lo acusaron de sedición.

Finalmente se profiere la condena a morir clavado en una cruz. Esta secuencia de hechos es extraordinaria porque recayó en una figura que marcó la historia universal.

¿Hasta dónde el proceso se hizo ante el juez competente? ¿Los cargos que se le formularon a título de acusación constituían un delito? ¿Qué tanto se le respetaron las garantías procesales establecidas en un juicio para la época? ¿Por qué la suerte de Jesús se sometió a una decisión democrática y no a quien debiera o tenia que ser su juez?”.

Abogados penalistas de Manizales opinan sobre el proceso y su importancia para la doctrina del derecho.

Semejanzas con ley colombiana

El abogado Germán Sarasty Quintero manifiesta que hay una semejanza formal del proceso en el cual se enjuició y condenó a Jesús con el Sistema Penal Acusatorio, y a la luz del artículo 29 de la Constitución, que contiene el Debido Proceso, cabe decir que fue totalmente trasgredido.

Se señaló e interrogó de manera pública a Jesús acerca de hechos que más que delitos fueron situaciones que iban contra las tradiciones religiosas, faltando así al imperativo actual de que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”.

Se le acusó por Caifás ante el Sanedrín tal como actualmente en nuestro sistema penal se formula imputación ante los jueces de Garantías por la Fiscalía y luego ante el Procurador Romano, como hoy se efectúa tal acusación ante los jueces de conocimiento, nunca se dio a Jesús la posibilidad de defensa lo cual hoy no podría ocurrir cuando por imperativo Constitucional se tiene que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.

Finalmente se condena a Jesús a muerte en cruz públicamente, como se hace ahora en las audiencias que componen el proceso penal en Colombia, sin dársele la posibilidad de impugnar el fallo como hoy está instituido en la misma Constitución y en normas supraconstitucionales que hacen parte del bloque Constitucional.

La presunción de inocencia fue desconocida a Jesús y en el proceso que terminó con su muerte se atropelló su dignidad humana pues los “actos procesales” que antecedieron su crucifixión fueron marcados por la tortura, la burla y la humillación.

“Es pertinente formular el interrogante de si en la actualidad el respeto por las garantías y derechos fundamentales a la persona judicializada se materializa en el proceso penal o si solo existe en la poética literalidad de las leyes. La realidad es que hay miles de Jesuses mordidos por la 'justicia' que muchas veces cual serpiente infame solo ataca a los descalzos”.

Faltas al debido proceso

José Fernando Ortega Cortés, penalista y docente universitario, introdujo el hecho de que la tradición de la Europa continental trajo a América el derecho, la familia y la religión. Eso se lo debemos a los romanos. Jesús vive en un contexto histórico donde es considerado rebelde.

“Lo que hago es examinar el juicio a Jesús a través del debido proceso, que aparece en 1215 en Inglaterra y es una conquista para la historia de la humanidad”.

Anotó que además de la conmemoración religiosa este juicio tiene una trascendencia humanista, porque el debido proceso es un derecho que va unido a la dignidad del ser humano.

Ortega Cortés observó no solo de qué acusan a Jesús, sino quién. Cuando, según los evangelistas, lo acusan de llamarse Hijo de Dios y responde 'yo no, tu lo dices', se asemeja al derecho a guardar silencio. El penalista anotó que los sumos sacerdotes eran el juez natural.

Respecto a la condena a morir crucificado, Ortega aclaró que fue indebida. La sentencia era propia de la ley romana, mientras que para la ley judía, pueblo al que pertenecía Jesús, se aplicaba el apedreamiento.

“Desde el punto de vista religioso la crucifixión es importante porque sin ella no hay resurrección, pero desde lo penal es una violación a las formas propias de cada juicio. Según el Artículo 29 de la Constitución, le violaron todas las garantías de tipo procesal y sustancial”.

Indicó que el debido proceso es un método civilizado de solución de conflictos. “Es para ponerle límites a la arbitrariedad”. Acerca de la forma cómo se decide la condena indicó que una cosa es juzgar con jurado y otra con el pueblo, y agregó que en estas materias por lo regular las mayorías se equivocan.

Concluyó que es imposible considerar justo un proceso que termina con sentencia injusta. “Si toca dejar de aplicar la ley porque el proceso sería injusto hay que inaplicarla. El proceso justo debe reunir todas las garantías. Respeta la Constitución y realiza una función moralizadora en las normas del procedimiento penal”.

Sin jurisdicción ni competencia

El abogado penalista Jorge Eliécer Arias Ortegón considera que el análisis del proceso a Jesús se trata de un asunto de jurisdicción y competencia. “¿Poncio Pilato tenía jurisdicción para juzgar a Cristo? Muchos dicen que no, porque había un gobierno judío”.

Los sumos sacerdotes, al pedirle a un extranjero que juzgara a alguien de su pueblo fue como si llevaran a un colombiano a la embajada de los Estados Unidos para que lo juzgue y lo condene.

El juicio fue público, indicó y aclaró que posiblemente se piense que hubo un cumplimiento de las formalidades de la época, pero fue como si un delito cometido en Manizales lo juzgaran en Ibagué. El juez de esta última no es competente.

Así mismo, señaló que los delitos de los que lo acusaron no eran una conductas típicas, es decir, que se consideraran faltas contra las leyes romanas o judías. “Yo no encuentro delito alguno en él”, asegura Pilato durante el juicio. Sin embargo, lo condenó sin pruebas, por lo que incurrió en una violación a las formalidades.

A no repetir los errores

El abogado Juan Manuel Ríos destacó que algunos defensores ajustan este hecho histórico a la teoría del caso que pretendan demostrar. “No he usado esa argumentación, pero no deja de ser un caso de trascendencia que serviría en algunas ocasiones para ilustrar alguna pretensión”.

Dependerá del contexto histórico cómo se mire para establecer si se dio un debido proceso, anotó.

“La historia nos sirve para saber en dónde estamos en la actualidad y para determinar cuáles fueron los errores anteriores y así procurar no repetirlos”, concluyó.

Constitución de 1991

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.