Hacinamiento en las cárceles causa corrupción y otros males

Luego de 27 años como guardián en cárceles Luis Enrique Calvo González reconoce sin titubeos que la verdadera causa de la corrupción, de la que acusan al INPEC, es el hacinamiento en las cárceles.

Este tema fue expuesto ayer en un foro organizado por la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), con la asistencia de congresistas, que tienen a cargo la discusión de proyectos de ley. Para los funcionarios con esta legislación se busca la privatización de la institución.

"Antes no se nos volaba un preso", señala Calvo y agrega que la entidad se llamó primero Dirección Nacional de Prisiones, dependencia con bajo presupuesto, internos mal alimentados, malas dotaciones y guardianes mal pagos, debido a contratistas corruptos. "El hacinamiento no existía tanto, yo conocí celdas donde dormía una sola persona, ahora hay celdas donde duermen seis personas".

Él no solo ha vivido las transformaciones sino que las ha sufrido, como le sucedió el 16 de agosto de 2010. Ese día un vehículo de la entidad se accidentó y como consecuencia perdió la vida Óscar Leandro Naranjo Giraldo, de 31 años. Él y otro compañero sufrieron heridas de consideración. Su recuperación tardó cinco meses.

Para esa época el sobrecupo ya hacía mella en la cárcel de Manizales. Al tiempo que se multiplicaba la población privada de la libertad, apenas nombraban unos cuantos guardianes, como sucede hoy también.

Sobrecarga laboral

Un causa del accidente pudo ser el cansancio del conductor, la víctima mortal en este hecho ocurrido cerca del Kilómetro 41 en la vía Manizales-Medellín a las 11:00 de la mañana, como lo registró LA PATRIA en su edición del 17 de agosto de 2010.

Calvo González recuerda que habían terminado turno de guardia a las 12:00 de la noche, pero a las 4:00 de la mañana los enviaron con una remisión para Aguadas, Pácora y Salamina.

"De venida el compañero Naranjo, el conductor, venía demasiado cansado, como todos, pero él más porque manejaba y tuvimos el accidente". Anota que fue exceso de trabajo, "lo mismo que sucede ahora".

Si la situación de los internos es precaria, los guardianes señalan que la de ellos también es complicada. Cada día se deben encargar de trasladar a centros asistenciales o a audiencias a casi 50 reclusos.

En el foro denunciaron que el hacinamiento, sumado a la escasez de guardianes, provoca los traumatismos en la prestación del servicio. Garitas en mal estado o tener que tomar el almuerzo parado en el puesto de guardia, porque los relevos están ausentes trasladando un preso, son algunas situaciones cotidianas, relatan varios funcionarios.

En días pasados el director de La Blanca, mayor (r) Saúl Archila Duarte, reconoció que en Manizales necesitan al menos 60 guardianes adicionales. Ayer se ventiló en el foro que en el país faltan alrededor de 8 mil funcionarios y más cárceles.

Más agravantes

Durante el foro en el que los funcionarios exhibieron cintas con la frase: "No soy corrupto", el presidente nacional de la UTP, Diego Alonso Arias Ramírez, indicó que hay que abrir un debate sobre las cárceles que se necesitan.

"Sabemos de la crisis en el sistema, lo hemos dicho en todos los escenarios. Sin embargo, el proyecto (de ley) busca trasladar el horror de la cárcel, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se viven, a un particular", anotó en tono de crítica a la intención que tendría el Gobierno de encomendar a un privado de la ejecución de una pena.

La mayor crítica que le hace al proyecto que presentó el Gobierno Nacional, para trámite en el Congreso, es que no resuelve el problema mayor, que es el hacinamiento.

"Como trabajadores nos preocupa la privatización, es poner en riesgo a 16 mil familias que han entregado su vida por cumplir una función, y que ahora seamos nosotros los culpables de que se liquide el INPEC, cuando es el Estado el que ha abandonado las cárceles, con internos y trabajadores", anotó.

Aclaró que si el proyecto continúa el trámite esperan al menos que se modifiquen los artículos que lesionan los intereses de los trabajadores del INPEC.

Por su parte Horacio Bustamante Reyes, miembro de la junta directiva de la UTP y funcionario de la cárcel de Manizales, explicó que la corrupción es de una minoría. "De los 16 mil funcionarios que hay en el INPEC, ese fenómeno recae sobre unas 100 o 120 personas". Enfatizó que bajo ese presupuesto es injusto que determinen liquidar la entidad o que la privaticen.

El dato

Los trabajadores son los denunciantes del 90 % de los hechos de corrupción, según el presidente de la UTP.