A funcionarios de Fedepanela les negaron la preclusión por corrupción al sufragante en Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

A Germán Octavio Isaza López y Leonardo Alberto Ariza Ramírez, exdirectivos de Fedepanela, les negaron la solicitud de preclusión, tras el proceso que les adelantan por corrupción al sufragante.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Manizales ratificó la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, por lo que el juicio continuará.

A Isaza López, presidente de Fedepanela en Caldas, y a Ariza Ramírez, gerente nacional de la misma entidad, los sindican, según la Fiscalía, de promover para las elecciones del 2010 una reunión con un candidato al Senado.

"El 1º y 2 de mayo del 2009 se realizaron varios encuentros, entre otros municipios, en Filadelfia, patrocinadas por la Federación Nacional de Productores de Panela, con la participación de Pedro María Ramírez, candidato al Senado por el Partido Conservador. Las convocaron Isaza López y Ariza Ramírez. Hubo ofrecimiento de recursos para mejoramiento y/o construcción de enramadas, entrega de trapiches individuales y comunitarios, y

mieloductos, entre otras obras", se explica en el escrito de acusación.

Antes de la audiencia preparatoria, el defensor de los sindicados consideró que la acción penal precluyó debido a que apenas el 24 de febrero pasado se formuló la imputación.

Indicó que sus protegidos no eran funcionarios públicos para la época de los hechos, pues Fedepanela es una organización gremial y persona jurídica de derecho privado. Eso les significaría una pena máxima de 7 años y cinco meses y no de 11 años si los juzgan como adscritos al Estado.

"La fecha en la que se realizó la audiencia preliminar se llevó a cabo dentro de los 135 meses con los que contaba la Fiscalía para activar la interrupción de la acción penal, teniendo en cuenta que los acusan como funcionarios públicos", expresó el Tribunal.

En cuanto a si lo eran o no, la decisión de segunda instancia manifestó que ese es un aspecto más propio del juicio oral y no un asunto para pedir la prescripción.

Las actuaciones judiciales realizadas hasta ahora no quieren decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables.