LA PATRIA | MANIZALES
La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales empezó a leer, a las 10:10 de la mañana de ayer, la sentencia de segunda instancia. Todo apuntaba a que las cosas saldrían mal para los tres señalados por los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación.
A la espera de la decisión por el contrato para reconstruir el Teatro Cuesta de Riosucio estaban, desde sus casas, Luis Fernando Rosas Londoño, exsecretario de Cultura de Caldas del gobierno de Mario Aristizábal; Carmenza Galvis Ávila, exgerente del Fondo Mixto del departamento; y Luz Marina Gaitán Rojas, exjefe de la Unidad de Patrimonio de esa Secretaría.
La togada hizo alusión a que cuando un funcionario público asume ese rol adquiere el compromiso de trabajar con esmero y cautela. "Administrar no es cosas de oprimir botones. No debe escudar sus errores en la ignorancia o en confianza que deposita en terceros. No debe lavarse las manos".
Y así fue. Después de hora y media de lectura determinó condenar a estas tres personas, absueltas en primera instancia por un juzgado de Manizales. A Rosas Londoño y Gaitán Rojas les dio de a cinco años y 10 meses de sentencia, que deberán purgar en las cárceles La Blanca y Villa Josefina. Además, multa de $42 millones 763 mil e inhabilidad de siete años para ejercicio y derechos de funciones públicas.
A Galvis Ávila le impusieron cuatro años y cuatro meses, pero los pagará en domiciliaria, por ser interviniente (un tercero). La multa para ella fue de $32 millones, la inhabilidad de cinco años y cuatro meses.
El caso
A finales del 2008 se asignaron $150 millones para reconstruir el Teatro Cuesta. La propuesta la planteó la Alcaldía de ese Municipio, a través del Banco de Proyectos de la Gobernación. Sin embargo, la contratación la estableció la Secretaría de Cultura con el Fondo Mixto, ente que no tenía la capacidad técnica para reconstruir, mover tierras o trabajar con concreto. Además, no se publicó el contrato, para una selección objetiva, pese a que el monto lo exigía.
Posteriormente, el Fondo subcontrató con el Municipio y este a la vez buscó una entidad idónea para ejecutar los trabajos.
"Fue el camino torcido de desperdicio de recursos públicos", "una cadena contractual absurda", "un ente territorial terminó siendo contratista de un privado", "siempre se buscó el beneficio del Fondo Mixto con un direccionamiento amañado", fueron frases que lanzó la magistrada.
"Planearon, propiciaron y buscaron que ganara el Fondo Mixto. Cambiaron estatutos para quedar como si pudieran ejecutar obras civiles. El 6 de enero del 2009, en el primer informe de interventoría, se expresó que el cobro que haría el Fondo por gerenciar sería del 8% ($12 millones), lo que no se plasmó desde que se estableció el contrato. Además, se indicó que el pago de los $150 millones sería 50% al inicio y 50% al final, pero se entregaron todos los recursos de una vez", se dijo.
Conocida la sentencia, allegados a Galvis Ávila reventaron en llanto. Estaban alegres porque al menos a su familiar no la mandaron para la cárcel de Mujeres. Por su parte, Rosas Londoño, quien sonaba como candidato a la Gobernación, anunció en un comunicado que presentará recurso de casación y que hoy se entregará a las autoridades.
"No es corrupción, es un error de tipo. Firmé por instrucción de la Secretaría Jurídica". Manifestó que renunció a su labor de asesor en la JEP.
A los tres se les prohíbe aspirar a cargos públicos y contratar con el Estado, de por vida.
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