LA PATRIA | MANIZALES
La familia de José Heriberto Ramírez Llanos, a quien asesinaron agentes del grupo de inteligencia F-2 de la Policía en marzo de 1988, recibió los restos del joven de manos de la Fiscalía, el pasado lunes en Manizales.
De acuerdo con esta entidad, los restos del menor, de 16 años, y de James Zapata Valencia, de 35, se exhumaron con fines de identificación por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la Comisión Colombiana de Juristas, James se acogió en 1985 a la amnistía que se ofreció a integrantes del M-19. Luego se dedicó a laborar con Heriberto en un comité cívico popular y cuidaban una sede en Manizales. A pesar de su desvinculación, las víctimas y sus familias sufrieron la persecución de agentes del Estado.
El 22 de marzo de 1988, salieron a almorzar a un restaurante contiguo a la sede del Comité, en La Galería. Allí los detuvieron ilegalmente dos sujetos vestidos de civil, que se identificaron como del F-2.
Un día después, un campesino encontró los cadáveres atados a árboles en una finca ubicada en la vereda La Inquisición, de Palestina. Sufrieron torturas y los asesinaron con armas de fuego. Los registraron como cuerpos sin identificar y los sepultaron ese mismo día.
En junio próximo se llevará a cabo la ceremonia de entrega de la otra víctima.
Viacrucis
El 25 de marzo de ese año, LA PATRIA registró la muerte de James y José Heriberto. Por medio de las fotografías los familiares los identificaron. Sin embargo, las autoridades les manifestaron que ya los habían sepultado y el reconocimiento se hizo por rasgos físicos y las prendas que vestían.
La familia de James siguió denunciando amenazas y hostigamientos. En 1992 trasladaron los cuerpos de Palestina a un cementerio en Manizales, sin la participación de sus allegados. Nuevamente se omitieron diligencias técnicas para identificarlos.
Pese a los testimonios de testigos presenciales de la retención de James y José Heriberto, y de familiares que identificaron a cinco agentes del F-2, en 1993, un juzgado de Medellín absolvió a los sospechosos. En 1994, el Consejo de Estado confirmó la caducidad.
Sin embargo, desde 1991, la CIDH media en el proceso de víctimas contra el Estado. Debido a la negativa del último para aceptar su responsabilidad, en 1999 la organización continuó la acción judicial.
*Con información del documento 79/11 de la OEA
Conclusión
En el 2010, la CIDH recomendó al Estado realizar una investigación completa sobre el crimen de James Zapata y José Heriberto Ramírez, adoptar medidas para asegurar una debida investigación por ejecuciones perpetradas por agentes de seguridad del Estado y reparar adecuadamente a los familiares.
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