LA PATRIA | PUERTO SALGAR

A Humberto Agamez Ortiz, alcalde de Puerto Salgar entre el 2004 y el 2007, el Tribunal Superior de Manizales le ratificó una condena de 5 años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Junto a él sentenciaron a Francisco Alfonso Montenegro Lugo y Élmer Triana Triviño (interviniente).

La sentencia de primera instancia fue del Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, el 21 de julio del 2017. Los absolvió de peculado por apropiación, delito que el Tribunal consideró que sí se cometió, pero ya no puede intervenir.

El caso tiene que ver con un contrato de prestación de servicios que suscribió el exalcalde, el 27 de noviembre del 2007, antes de terminar su mandato, con Triana Triviño.

El objeto: Asesoría técnica de la gestión pública de los procesos administrativos técnicos para las unidades de Gobierno, Administrativa y Financiera de la Alcaldía.

Al año siguiente, la Contraloría de Cundinamarca adelantó una auditoría a esa administración y encontró varias irregularidades, entre ellas en el contrato anterior. Halló que no hubo un verdadero estudio de necesidad del contrato, no se escucharon ofertas y se firmó con alguien sin idoneidad, todo en detrimento del patrimonio público. Le pagaron $3 millones por cinco días de trabajo. El interventor fue el jefe de Gobierno, Montenegro Lugo.

Triana Triviño, sin experiencia en las labores encomendadas, contrató a un especialista en derecho público para que lo auxiliara en sus tareas.

Se firmó un acta de recibo y finalización, sin verificar si se cumplió con el objeto. A los funcionarios públicos les dieron 5 años y 4 meses de cárcel, sin beneficios, e inhabilidad de seis años y medio. Al contratista, cuatro años, con domiciliaria e inhabilidad por cinco años.

Pantomima

"La documentación respaldo del cumplimiento es una burda pantomima en la que los resultados no pueden deducirse que hayan sido verificados, como sí se puede afirmar que solo ha habido un chabacano cumplimiento de formalismos, sin apego a la constatación de la realidad", indicó el Tribunal.

El exalcalde pidió domiciliaria por su edad, más de 65 años, pero se la negaron porque la Sala consideró que defraudó a la comunidad que lo eligió, por lo que las consecuencias jurídicas deben ser rigurosas. Además, tiene otras condenas tras su paso por la Alcaldía, lo que demuestra "una indolencia con los recursos públicos, los que no tomó como una opción de progreso para la región, sino como un negocio particular".

Mensaje

Concluyó el Tribunal que se busca borrar ese mensaje de que el delincuente de cuello blanco siempre es beneficiado y delinquir le es favorable.