LA PATRIA | MANIZALES

El hombre acudió esta semana al Palacio de Justicia Enrique Alejandro Becerra, de Riosucio, para averiguar en qué iba una tutela que interpuso por un accidente que sufrió. Sin embargo, por poco termina más afectado de lo que estaba. Abordó el ascensor de la edificación, de dos pisos, pero cuando llegó a su destino el aparato no se detuvo, continúo hacia arriba, se golpeó contra la pared superior y volaron vidrios por todos lados.

"Casi que la administración de justicia le causa un problema peor", expresó en tono jocoso un juez de ese edificio. El afectado quedó con algunos raspones y tuvo que esperar unos minutos, encerrado entre los escombros, hasta que Bomberos lo rescató.

Problemas, problemas

El juez recordó que son más los problemas que los beneficios que les ha generado la instalación de ese ascensor para discapacitados, que está ahí por una acción popular.

Los jueces del Palacio le enviaron una carta el pasado miércoles a José Fernando Salazar Cháves, director Ejecutivo de Administración Judicial en Caldas, donde le narraron los problemas y le recordaron que en varias ocasiones han advertido del peligro del aparato. Manifestaron que ya ocurrió un accidente similar y el afectado quedó atrapado durante dos horas.

"La construcción del bendito ascensor se ha convertido en una apología del peligro. No ha cumplido el fin propuesto, rayando en un posible delito de contratación estatal. Pedimos que por conducto de la autoridad competente –si se compulsan copias para ello– se verifiquen las cláusulas contractuales y la capacidad del contratista para celebrar convenios económicos. En todo caso, si existen responsables determinados o determinables, que sean judicializados por haberse lucrado de un contrato, cuyo resultado material y jurídico, causa escozor", indicaron.

Salazar Cháves le dijo ayer a LA PATRIA que el ascensor se instaló a finales del 2014 y ha sido de utilidad para las personas con discapacidad. Añadió que tras conocer el incidente, se reunió con el contratista, pues aún tiene garantía, para aplicar las pólizas de cumplimiento.

"Se comprometió con cambiar los mecanismos y el modo de operación del ascensor. Eso lo realizarán en el transcurso de la próxima semana".

R. Autor

La construcción del ascensor se dio por una acción popular que interpuso el riosuceño Javier Elías Arias Idárraga, conocido en los estrados judiciales como el cazademandas, pues su nombre aparece en casi un millar de procesos en que reclama derechos colectivos para las personas que viven en al menos 300 municipios de Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle.

LA PATRIA | MANIZALES

El hombre acudió esta semana al Palacio de Justicia Enrique Alejandro Becerra, de Riosucio, para averiguar en qué iba una tutela que interpuso por un accidente que sufrió. Sin embargo, por poco termina más afectado de lo que estaba. Abordó el ascensor de la edificación, de dos pisos, pero cuando llegó a su destino el aparato no se detuvo, continúo hacia arriba, se golpeó contra la pared superior y volaron vidrios por todos lados.

"Casi que la administración de justicia le causa un problema peor", expresó en tono jocoso un juez de ese edificio. El afectado quedó con algunos raspones y tuvo que esperar unos minutos, encerrado entre los escombros, hasta que Bomberos lo rescató.

Problemas, problemas

El juez recordó que son más los problemas que los beneficios que les ha generado la instalación de ese ascensor para discapacitados, que está ahí por una acción popular.

Los jueces del Palacio le enviaron una carta el pasado miércoles a José Fernando Salazar Cháves, director Ejecutivo de Administración Judicial en Caldas, donde le narraron los problemas y le recordaron que en varias ocasiones han advertido del peligro del aparato. Manifestaron que ya ocurrió un accidente similar y el afectado quedó atrapado durante dos horas.

"La construcción del bendito ascensor se ha convertido en una apología del peligro. No ha cumplido el fin propuesto, rayando en un posible delito de contratación estatal. Pedimos que por conducto de la autoridad competente –si se compulsan copias para ello– se verifiquen las cláusulas contractuales y la capacidad del contratista para celebrar convenios económicos. En todo caso, si existen responsables determinados o determinables, que sean judicializados por haberse lucrado de un contrato, cuyo resultado material y jurídico, causa escozor", indicaron.

Salazar Cháves le dijo ayer a LA PATRIA que el ascensor se instaló a finales del 2014 y ha sido de utilidad para las personas con discapacidad. Añadió que tras conocer el incidente, se reunió con el contratista, pues aún tiene garantía, para aplicar las pólizas de cumplimiento.

"Se comprometió con cambiar los mecanismos y el modo de operación del ascensor. Eso lo realizarán en el transcurso de la próxima semana".

R. Autor

La construcción del ascensor se dio por una acción popular que interpuso el riosuceño Javier Elías Arias Idárraga, conocido en los estrados judiciales como el cazademandas, pues su nombre aparece en casi un millar de procesos en que reclama derechos colectivos para las personas que viven en al menos 300 municipios de Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle.

LA PATRIA | MANIZALES

El hombre acudió esta semana al Palacio de Justicia Enrique Alejandro Becerra, de Riosucio, para averiguar en qué iba una tutela que interpuso por un accidente que sufrió. Sin embargo, por poco termina más afectado de lo que estaba. Abordó el ascensor de la edificación, de dos pisos, pero cuando llegó a su destino el aparato no se detuvo, continúo hacia arriba, se golpeó contra la pared superior y volaron vidrios por todos lados.

"Casi que la administración de justicia le causa un problema peor", expresó en tono jocoso un juez de ese edificio. El afectado quedó con algunos raspones y tuvo que esperar unos minutos, encerrado entre los escombros, hasta que Bomberos lo rescató.

Problemas, problemas

El juez recordó que son más los problemas que los beneficios que les ha generado la instalación de ese ascensor para discapacitados, que está ahí por una acción popular.

Los jueces del Palacio le enviaron una carta el pasado miércoles a José Fernando Salazar Cháves, director Ejecutivo de Administración Judicial en Caldas, donde le narraron los problemas y le recordaron que en varias ocasiones han advertido del peligro del aparato. Manifestaron que ya ocurrió un accidente similar y el afectado quedó atrapado durante dos horas.

"La construcción del bendito ascensor se ha convertido en una apología del peligro. No ha cumplido el fin propuesto, rayando en un posible delito de contratación estatal. Pedimos que por conducto de la autoridad competente –si se compulsan copias para ello– se verifiquen las cláusulas contractuales y la capacidad del contratista para celebrar convenios económicos. En todo caso, si existen responsables determinados o determinables, que sean judicializados por haberse lucrado de un contrato, cuyo resultado material y jurídico, causa escozor", indicaron.

Salazar Cháves le dijo ayer a LA PATRIA que el ascensor se instaló a finales del 2014 y ha sido de utilidad para las personas con discapacidad. Añadió que tras conocer el incidente, se reunió con el contratista, pues aún tiene garantía, para aplicar las pólizas de cumplimiento.

"Se comprometió con cambiar los mecanismos y el modo de operación del ascensor. Eso lo realizarán en el transcurso de la próxima semana".

Autor

La construcción del ascensor se dio por una acción popular que interpuso el riosuceño Javier Elías Arias Idárraga, conocido en los estrados judiciales como el cazademandas, pues su nombre aparece en casi un millar de procesos en que reclama derechos colectivos para las personas que viven en al menos 300 municipios de Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle.