A una acción de tutela acudió una suboficial de la cárcel de mujeres de Manizales Villa Josefina para parar el acoso laboral que soportó desde su llegada al centro de reclusión.
El Tribunal Administrativo de Caldas, en segunda instancia, le dio la razón y les ordenó a Luz Marina Duque Miranda, directora de la cárcel, y a la teniente María Carmona Ramírez, comandante de vigilancia, "cesar la actuación amenazante de vulneración del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas".
En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales el 30 de mayo, negó la petición por improcedente.
A la afectada le asignaron el cargo de inspector de planta en la cárcel Villa Josefina, desde el 1º de septiembre del 2017.
Sostuvo que desde que ingresó sintió un trato hostil de la teniente Carmona Ramírez y que pese al grado de suboficial y los años de experiencia, la nombraron como oficial de servicio en los patios y no como comandante de vigilancia.
"No me instruyeron o indicaron qué debía hacer y la teniente ni siquiera me informó a quién debía dar parte de novedades", se lee en la queja.
Además, por ser de Armenia, usó el alojamiento del establecimiento penitenciario mientras definía dónde quedarse. Sin embargo, anotó, desde el primer día la teniente Carmona le manifestó que únicamente podía estar en el alojamiento en la noche, pues ella lo utilizaba en el día para tomar la siesta.
Añadió que nunca la citaron a las reuniones de cuadros de mando, que las demás dragoneantes se negaban a darle parte del servicio por instrucción de esas dos mujeres y que le escondían el libro de minutas.
"Fui objeto de críticas, humillaciones y comentarios degradantes. No contaba con una oficina, ni computador para el desarrollo de labores, pese a que hasta el guía canino tiene una. Por esos tratos he sido recluida en dos ocasiones en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y en la Clínica de La Presentación, por cuadros de estrés con episodios depresivos graves, los que nunca había sufrido en 16 años de labores", relató.
Adicional, la directora se encargó de poner en contra suya a las demás dragoneantes, quienes no la reconocieron como superior. Interpuso la queja ante la Regional Viejo Caldas, el Comando Superior y la Dirección General.
A raíz de la denuncia, algunos guardias del penal presentaron queja por acoso laboral en su contra y algunos se niegan a declarar a su favor por miedo a retaliaciones.
"Hasta el sacerdote del penal ha padecido los malos tratos. Se molestan cuando se les ayuda a las internas en casos de extrema necesidad, como una llamada urgente o ingresar implementos de aseo. La teniente María, con el fin de que algunas funcionarias se pongan a su favor, ha concedido permisos, viajes en avión y hasta ha mejorado las calificaciones de algunas de ellas", denunció.
El Tribunal analizó toda la documentación y las pruebas. Incluso, la declaración juramentada de cuatro dragoneantes y del sacerdote, que dieron fe del trato humillante que recibió la accionante. Por eso decidió tutelar los derechos fundamentales de petición y al trabajo en condiciones dignas de la suboficial.
Ordenó al brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec, decidir sobre la petición de traslado que hizo la accionante. Y a las dos señaladas, que cesen las actuaciones amenazantes y que cumplan con las medidas que establece la Ley 1010 de 2006. A la dirección regional del Inpec, adelantar los procesos originados en las quejas de acoso laboral.
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