Aceptó cargos por secuestro en Filadelfia y evitó juicio

LA PATRIA | MANIZALES

La Fiscalía y la defensa de Noelver Rendón Gálvez intentaron llegar, el pasado 16 de mayo, a un acuerdo por el secuestro de una familia y el intento de hurto de 20 cabezas de ganado, en zona rural de Filadelfia, el 12 de junio del 2017. Sin embargo, no rindió frutos.

Ayer, ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, se llevaría la preparatoria para el juicio oral y lo que no se logró en casi un mes se solucionó en un diálogo entre las partes, antes de iniciar la audiencia.

Rendón Gálvez aceptó cargos por secuestro simple agravado y obtendría una pena de ocho años de prisión sin ningún beneficio, debido a que entre sus cuatro víctimas había dos menores de edad. Así mismo, llegó a un preacuerdo con el ente acusador por la retención de los adultos y el intento de hurto calificado agravado.

El juez aceptó el trato y la pena se tasaría en ocho años y nueve meses de prisión, y una multa de $884 millones. El próximo 26 de junio se dará la lectura de sentencia.

A Luis Gonzaga, hermano de Noelver, lo capturó la Policía durante el asalto a la finca ganadera. Confesó ante las autoridades que su familiar lo invitó a departir con cuatro amigos en un bar de Filadelfia, en donde planearon el hurto de las 20 reses.

En tres motocicletas llegaron hasta zona rural, las escondieron entre la maleza y entraron a la vivienda, en la que estaban el administrador, su esposa y dos hijos. Los encerraron en una habitación y procedieron a embarcar los animales en un camión.

Un campesino que pasaba por el sitio se percató de los movimientos sospechosos y se comunicó con la patrulla de la zona. Tras pedir refuerzos, los uniformados ingresaron, liberaron a las víctimas y capturaron al delincuente. El resto escapó con las manos vacías.

Condenas

En marzo pasado cayeron en manos de las autoridades Noelver y otros dos hombres. Están a la espera de que les dicten la condena. Luis Gonzaga paga 12 años de prisión.

A la JEP

Los hermanos Rendón, naturales de San Carlos (Antioquia), pertenecieron a las Farc y se acogieron a una amnistía para responder por rebelión. El fiscal especializado que asumió el caso solicitó que la JEP evalúe sus casos, para saber si pierden los beneficios.