LA PATRIA | MANIZALES

En las nueve cárceles de Caldas hay 871 detenidos catalogados como sindicados y/o acusados. Es decir, personas a las que se les atribuye un delito, pero no se les ha demostrado aún su culpabilidad.

Según Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno del departamento, entre 250 y 300 de esos detenidos podrían quedar en libertad, gracias a la Ley 1760 del 2015, que empezará a regir el 6 de julio próximo con el fin, entre otras cosas, de descongestionar las cárceles.

"La Fiscalía está muy preocupada y quiere darles prioridad a esos procesos para llevar a juicio a esas personas. Si quedan libres se podría generar percepción de inseguridad. Los sindicados quedan vinculados a los procesos, pero podrían fugarse", indicó Piedrahíta.

Acciones

Esa Ley establece, entre otras cosas, libertad para el detenido al que después de 60 días, contados desde la imputación de cargos, no se le haya presentado escrito de acusación; cuando pasen 120 días de la presentación de este último documento, pero sin empezar el juicio; o cuando transcurran 150 días desde el inicio del juicio y no le hayan emitido sentencia.

Sin embargo, existen tres parágrafos en los que se aumentan los términos en otro tanto cuando se trate de procesos de la jurisdicción penal especializada, sean tres o más los acusados o imputados, o los sindicados estén por actos de corrupción.

La Ley expresa, sin embargo, que vuelven a correr los términos (tiempos) cuando los preacuerdos o aceptación de cargos no sean aprobados. En el tercer parágrafo se dice que no aplica el beneficio cuando el juicio no haya comenzado por maniobras dilatorias del acusado o su defensor.

Un fiscal manifestó que la tarea que siempre tienen como ente acusador es la de sacar todos los casos dentro de los términos de ley.

"Hay juicios muy dilatados y será necesario acabarlos pronto para evitar libertades. Sin embargo, siempre se analiza si las dilaciones son de cuenta de la defensa y esos términos se descuentan. La clave es presentar escritos y realizar los juicios dentro de los tiempos. Ni jueces ni fiscales vamos a permitir una libertad por vencimiento de términos".

El director de una cárcel explicó que, a diciembre pasado, el sostenimiento de cada sindicado le costaba al Inpec un millón 170 mil pesos, cifra que va cambiando con la llegada de nuevos detenidos, pues se aumenta el consumo de comida, energía, agua, entre otros.

Por eso, la semana pasada, durante la Comisión de Vigilancia y Control al Sistema Penitenciario y Carcelario en Caldas, Martha Lucía Fehó, directora Regional del Inpec, les recordó a los alcaldes que deben responsabilizarse de la manutención de los sindicados y presentar iniciativas para construir cárceles municipales, en caso de no tenerlas.

Según la Procuraduría, los mandatarios de poblaciones que no cuenten con centros de reclusión deben incluir en sus presupuestos un rubro para tal fin, con el fin de contribuir a que el Inpec atienda a sus sindicados.

 En datos

• En las nueve cárceles de Caldas el hacinamiento alcanza el 42,5%: hay cupo para 2 mil 845 internos y los centros penitenciarios albergan a 4 mil 55.
• Se avanza en el proyecto para la construcción de una cárcel regional, que se ubicaría en Pereira. Ya tienen los estudios previos y esperan que en septiembre se contrate la ejecución de las obras.
• En el 2001 la población carcelaria del país era de 50 mil. Hoy son aproximadamente 130 mil, de los cuales cerca de un 33 por ciento están en detención preventiva.