Consejo de Estado dice que está abierto a investigación

Frente al escándalo provocado con la revelación de grabaciones que probarían hechos de corrupción al interior del Consejo de Estado, el presidente de esa Corporación, Luis Fernando Álvarez, se mostró abierto a una investigación.

"Estamos abiertos para que investiguen con el fin de que se logre una absoluta y pronta claridad, no sólo para mantener la integridad del Consejo de Estado sino la credibilidad de la justicia", señaló el magistrado.

De igual manera, el jurista reconoció haber tenido conocimiento de procesos que adelantaba la Fiscalía por hechos como este, por lo que le solicitaron a esa entidad copia de toda la información relacionada para adoptar las decisiones correspondientes.

El magistrado Álvarez manifestó que ha mantenido diálogo constante con el Fiscal para resolver esta situación, y añadió que ha solicitado tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía celeridad en las investigaciones.

Las grabaciones

El cobro de varios millones de pesos por los fallos de un procurador delegado y las sentencias en varias tutelas son los presuntos actos de corrupción que se investigan ocurrieron en el Consejo de Estado. Los hechos estarían sustentados en grabaciones reveladas ayer.

El llamado ‘carrusel de corrupción’ vendría operando desde hace años, por lo que la situación está en la mira de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Las primeras grabaciones conocidas, publicadas por la emisora La FM, señalarían la existencia de una red que trabajaba con una mafia de abogados para, al parecer, arreglar fallos, manipular expedientes o congelar decisiones a cambio de altas cifras de dinero.

Las finalidades últimas serían salvar investiduras de gobernadores y alcaldes, así como la resolución de otros temas en manos del Consejo de Estado.

En noviembre pasado fue condenado a cuatro años de prisión el auxiliar de la sección quinta de esa entidad, Carlos Fernández, por pertenecer a dicha red.

Las investigaciones, conseguidas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), comprometerían a otros tres funcionarios de la rama judicial y a varios particulares.

Lo que dicen

En una primera conversación se habla de una "cotización" para obtener un concepto de un procurador delegado. Según reveló La Fm, los interlocutores podrían ser Edilberto Casas, funcionario de la sección primera del Consejo de Estado, y el abogado Javier Socarraz, mencionado en el escándalo de la ‘Yidispolítica’.

"¿Cuánto quiere el man?", dice un primer interlocutor con acento costeño. "Hermano, el man en menos de 100 no deja eso", responde la otra persona.

En otra conversación, un hombre llamado 'José' le dice a otro identificado como "Pachito" que "ya tiene 15 kilómetros (que serían millones de pesos) para lo de la ‘T’ ", haciendo referencia, según la investigación, a una tutela.

En otra grabación una persona que sería funcionario del Consejo de Estado, le dice a su interlocutor que un proceso que tenían casi listo se les cayó: "Lo de ustedes iba bien pero se metió Ruth Estela Correa y habló con la doctora Noemí y retiró la ponencia. Si puede inmovilizar ese gato, inmovilícelo".