Caldense demanda la declaratoria de Emergencia Social

Menos de cinco minutos duró el trámite por el cual José Norman Salazar González presentó la demanda que pretende tumbar el decre

Alexandra Serna

Redactora/LA PATRIA

Manizales

 

Hoy llegará a la Secretaría de la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, o declaratoria de la Emergencia Social, que presentó ayer el médico y abogado caldense José Norman Salazar González en la Oficina Judicial de Manizales. "Espero que en menos de 15 días la Corte me notifique", señaló.

A las 2:30 de la tarde, como lo había anunciado, el también Presidente del Colegio Médico de Caldas radicó la primera demanda que presenta el sector médico en el país y que centra su discusión en supuestos vacíos jurídicos.

"Los últimos debates se han enfocado en las ramas del problema, es decir, en los decretos que expidió el Gobierno Nacional en la Emergencia, que ya caducó, y en los otros reglamentarios que tienen menor jerarquía y que no subsanan siquiera los errores que se han admitido", justificó el demandante.

 

Los argumentos

Salazar González destacó los siguientes puntos, que en su concepto se convierten en vacíos jurídicos y demuestran que la Emergencia Social no era necesaria:

 

1. La situación de crisis en la salud que motivó la Emergencia no es coyuntural, del año pasado, sino estructural y que se originó en 1993, con la Ley 100. "Lo novedoso", según el demandante, es que anexó documentos oficiales sobre diagnósticos que ya había hecho el Ministerio de Protección Social en el 2004 y 2006. "El Gobierno recicló argumentos".

 

2. La Contraloría General de la República halló en el 2007 que el Gobierno estaba destinando recursos del Fosyga, que recauda los fondos de la salud, para subsanar sus huecos fiscales. "Cuando llegaba una EPS a cobrar, por ejemplo, no había plata. Incluso la Contraloría multó a esa dependencia por incumplir la orden de redireccionar los dineros". Como uno de los decretos incluyó a ese Fondo, sería otra manera de reciclar antecedentes.

 

3. El Gobierno presentó como iniciativas algunos cambios que la misma Corte ya había ordenado. Por ejemplo, la nivelación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado la exigió la sentencia T-760 del 2008, con el objetivo de disminuir las tutelas como único mecanismo de hacer valer el derecho a la salud. "De acuerdo con la misma Ley 100, esos planes se debieron equiparar en el 2001. Con la sentencia, la Corte le pidió al Gobierno un plan de mejoramiento para el 2010"

 

4. El decreto 131 de 2010, uno de los 15 que expidió el Gobierno durante la Emergencia y que ha generado más polémica, quedó mal hecho. "Fue tanta la improvisación, que olvidaron escribir la palabra 'Ordena' y por eso la serie de consideraciones y artículos pierden su peso jurídico".

 

5. La propia Corte tiene una sentencia, la C-135 de 2009, que determina los criterios jurídicos para que los estados excepcionales que puede declarar el Gobierno sean constitucionales. El demandante señala que la Emergencia Social no cumple con todos esos requisitos.

 

Nota: Encuentre en lapatria.com el texto completo de la demanda.

 

El dato

A las 8:00 de la mañana de hoy se inicia un foro de la Emergencia Social en el auditorio de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas.