¿Qué cuesta ser transparentes?

No le queda bien a una administración como la de Mario Aristizábal, ni la de ningún otro mandatario seccional o municipal, ignorar procesos de transparencia en momentos en que todos los exigen.
Muchas dudas y vacíos hay detrás de la sorprendente decisión de la Gobernación de Caldas de permitir, a través de la Secretaría de Vivienda, la firma de un convenio interadministrativo con la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío) para desarrollar un plan de vivienda en Manizales, horas antes de que entrara en vigencia la ley de garantía electorales que impide establecer contratos o acuerdos mientras no se hagan por licitación pública.
El tema se vuelve sospechoso si se tiene en cuenta que tan sólo 24 horas antes del acuerdo referido el gerente del Inficaldas, Luis Bernardo Ocampo, había renunciado ante el gobernador Mario Aristizábal, y el día en que se firmó el convenio, ya en calidad de ex gerente, dijo muy temprano en RCN radio nacional que su dimisión al cargo obedecía a las presiones y recomendaciones que para direccionar contratos le había hecho el mandatario departamental.
Nadie entiende pues, salvo su titular de Vivienda y otros secretarios de despacho, que ante semejante acusación el ente seccional hubiera acudido a una polémica figura para oficializar un contrato que por sus alcances económicos (24 mil millones de pesos) necesitaba de un proceso licitatorio, independiente de que se firme con otro organismo público, pues nadie puede garantizar que por ello no se registren acciones ilegales o de favorecimiento indebido.
Y como si lo anterior no bastara para aumentar las dudas, el propio Secretario de Vivienda en declaraciones a este Diario en defensa de lo actuado reconoció que hasta muy poco antes de adjudicar dicho contrato ni siquiera conocía la existencia de Proviquindío, entidad que de acuerdo con lo que reza el texto se quedará con unos honorarios del  25% del AIU del mismo, una comisión por demás alta dado el monto del proyecto. La pregunta que surge ante esto es: ¿pasaría lo mismo en una licitación donde de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas los proponentes pueden buscar una ganancia mayor o menor que la señalada?
No le queda bien a una administración como la de Mario Aristizábal, ni la de ningún otro mandatario seccional o municipal, ignorar procesos de transparencia en momentos en que todos los exigen. Además, si bien son importantes y necesarias las viviendas que se contempla construir dentro del plan, podría haber esperado el desarrollo de un esquema de contratación limpio o de asignación por méritos entre los proponentes para evitar malos entendidos y suspicacias. Lo demás es querer actuar a la ligera.
También queda un mal ambiente en el aire cuando Jorge Iván Giraldo, el Secretario de Vivienda, argumenta que el que se firmó es un contrato que cumple con todo, pero sin embargo sostiene después de una contra pregunta que se dejó lo básico y que luego, en la marcha, habrá que hacerle precisiones para mejorarlo jurídica, técnica y financieramente.

Una cosa se ha dejado en claro en este medio frente a la administración de Mario Aristizábal con quien hemos tenido diferencias, pero a quien le reconocemos programas y políticas cumplidas, y es que nos interesa el bienestar de todos los caldenses y que las inversiones se hagan de manera transparente. Sin embargo con tanto rumor y frente a actuaciones que no se comparten, y por las cuales los organismos de control han iniciado procesos de verificación, siempre pedimos investigaciones y conceptos al respecto. Hoy hacemos lo mismo confiados en que la verdad, sea cual sea, salga a flote. A lo que no renunciaremos es a buscar que los dineros públicos, que son sagrados, sean manejados con total y absoluta transparencia.