Un entorno equilibrado, la prioridad

LA PATRIA | Manizales

Debatir temas relativos al entorno fue la finalidad que tuvo ayer el Foro de Justicia Ambiental y Desarrollo Legislativo que se desarrolló en la Sala Cumanday del Teatro Los Fundadores.

La agenda incluyó ponencias de William Ospina, escritor y ensayista; de Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización de la línea de derecho ambiental de la Universidad del Rosario; de Javier Gonzaga Valencia Hernández, director del centro de investigaciones jurídicas, políticas y sociales de la Universidad de Caldas; y de Enrique Arbeláez Mutis, líder comunitario.

Compromiso

Ospina resaltó que lo ciudadanos deben estar comprometidos con el cambio climático que padece el mundo. Expuso su conferencia Solidaridad y futuro, en la que planteó la necesidad de que los ciudadanos y el Gobierno actúen acertadamente para detener los efectos negativos que padece el medioambiente.

"En el país y el mundo casi todo se está haciendo mal. Son muchos los males que hay que corregir y si de algo no puede quejarse la juventud de hoy es de no tener tareas. Nunca una generación tuvo tantas tareas decisivas como la juventud de esta época", dijo.

Defensa del territorio

Rodríguez habló sobre la defensa del territorio desde la óptica de los pueblos indígenas y de los conflictos ambientales que se generan como consecuencia de los proyectos, de las licencias y de las decisiones, tanto nacionales como internacionales, que de alguna manera tienen que ver con la afectación de los derechos de estos pueblos, en especial el derecho al territorio, a la autonomía y a los recursos naturales.

Dijo que los indígenas tienen derechos especiales establecidos en el país a través de un convenio internacional. Citó el derecho a la consulta previa, que para ellos es fundamental. “Tiene como objetivo que cualquier decisión que se vaya a tomar como hacer un proyecto de estos en sus territorios tienen que ser consultado”.

Rodríguez cuestionó que todos deberíamos tener derecho a la partición en este tipo de decisiones y a incidir para esas decisiones no afecten tanto la vida de las comunidades, sino el entorno.

La experta señaló que en Caldas ha trabajado con los embera de Riosucio y su problema con la minería. “En el caso de este pueblo es interesante ver que ellos tienen su propio código minero, que tiene como objetivo poder hacer una explotación de acuerdo con sus tradiciones y sus costumbres sin afectar el entorno”.

Flexibilidad en las normas

Valencia se refirió a las paradojas de la Constitución Política de Colombia -que en estos 25 años y con los últimos gobiernos- ha impulsado locomotoras productivas, lo que implica una flexibilidad de las normas ambientales.

Frente a este panorama Valencia Hernández también se refirió a los retos. “El poder público es el encargado de proteger, pero si no lo hace, es la sociedad civil y la academia los que deben apelar a ese derecho consagrado en la Constitución”.

Citó en Caldas el caso de la mina Toldafría y el de la explotación de Gallinazo. Recalcó el problema en el oriente de Caldas con la Hidroeléctrica El Edén, donde hay familias afectadas.

Para atacar la corrupción

Arbeláez mencionó algunos apartes importantes de la Ley 472 del 5 de agosto de 1998. En esta se hace relación al ejercicio de las acciones populares y de grupo: "Lo más importante que permite es atacar la corrupción de personas e instituciones".

Aseguró que, apoyados en esa ley, los ciudadanos pueden proteger las áreas ecológicas y culturales o las de interés común. También solicitar la prestación de servicios públicos oportunos, prevenir desastres, entre otras.

"Las calles, los estadios, las zonas recreativas, los andenes, todo eso tiene que ver con los derechos colectivos. Si todos nos interesáramos por defendernos de este modo, estaríamos en una Colombia muy diferente", explicó.

Arbeláez instó a la comunidad a unirse para tener una mejor sociedad: "Falta gente que dé la pelea en este sentido"; concluyó.