Sin quién pague atención de venezolanos en hospitales de Caldas

B. Eugenia Giraldo T.

LA PATRIA | MANIZALES

Marmato se convirtió en la tierra prometida para 13 venezolanos que ahora viven allí, a la espera de un mejor trabajo.

Entre ellos hay una joven pareja que arribó hace mes y medio. La mujer, de 27 años, llegó con 38,6 semanas de embarazo y manifestó que no tuvo controles prenatales anteriores, lo que a juicio del gerente del Hospital San Antonio, Cristian Alejandro Parra, aumenta el riesgo.

El pasado viernes regresó al centro asistencial, esta vez lo hacía porque estaba en trabajo de parto.  

Un segundo caso fue el de un hombre de 32 años, que refería antecedentes de malaria.

De acuerdo con el gerente, el señor permaneció seis días hospitalizado, en ese tiempo se le tomaron muestras de laboratorio y se enviaron las pruebas a Bogotá. El resultado fue positivo. La Territorial de Salud de Caldas le suministró el tratamiento.

Estos dos casos son una muestra de lo que sucede con esta población que llega al país sin la documentación legal. Parra admitió que en el municipio aumenta el número de venezolanos. “Siempre les brindamos atención. Nos preocupa que son ilegales y el hospital ha facturado cerca de dos millones de pesos y no hay quién responda”.

Agrega que esto se convierte en una bola de nieve, por eso alertó a las autoridades municipales y a las directivas de la Territorial de Salud.

La propuesta que hace el gerente del Hospital San Antonio es que se agilice la legalización para poder afiliarlos al Sisbén y así remitir la deuda al régimen subsidiado.

Que alguien pague

Chinchiná no es ajena a esta situación. Ricardo Campuzano, director científico del Hospital San Marcos, comentó que también atienden a una venezolana, con seis meses de gestación y reclamó que no hay quién pague.

“A ella le hicimos los exámenes de laboratorio, el control con el ginecólogo y hasta las ecografías”.

También refirió el caso de unos recolectores que arribaron por urgencias y aunque carecen de cobertura, el centro asistencial los atendió.

Campuzano pidió que alguien reconozca esas cuentas y que quien lo haga pague oportunamente. Precisó que hay personas del subsidiado que reciben la atención y las EPS no pagan. “Para colmo el Gobierno permite la liquidación de las EPS debiéndonos una millonada y los malos del paseo somos nosotros”, concluyó.

Un parto cuesta $700 mil.

José Norman Salazar, director de la Oficina de Derecho Médico, sostuvo que es la Territorial de Salud de Caldas la responsable de esas cuentas. “Son recursos del Estado que se giran para atender la salud de personas que requieran en el territorio nacional una atención de urgencia o emergencia vital”.

Explicó que siempre debe haber alguien que responda y en últimas siempre será el Estado con el porcentaje de vinculados. “Hay que recordar que la tendencia que tiene el sistema de salud es que no tenga vinculados, que todos estén afiliados a algún sistema, así sea el Sisbén”.

Añadió que esto les quita la presión a los recursos directos del Estado y que maneja la Territorial.

Lo que dice la Territorial

Gerson Bermont Galavis, director de la Territorial de Salud de Caldas, expuso que si es una baja complejidad lo debe pagar el hospital y si acaso el municipio, si tiene recursos de oferta.

Añadió que en caso de que esa atención se complique y pase a una mediana complejidad, será la Territorial la que respondan.

En Manizales

Si es una urgencia, el municipio autoriza y Assbasalud los atiende. Hay una familia (papá, mamá y dos hijos) que está como vinculada. “Llegaron hace un año y están tratando de buscar trabajo. La semana pasada vino la mamá a pedir el favor, porque en el colegio les exigen seguridad social y ellos aún no han legalizado su situación”, comentó María Eugenia Marín, coordinadora de Servicio de atención a la comunidad, Secretaría de Salud de Pública.