Hospital de Aranzazu reúne $680 millones para pagar demanda

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

En la lista de los hospitales en riesgo financiero que reporta la Superintendencia Nacional de Salud aparece el San Vicente de Paúl de Aranzazu.

No es por malos manejos administrativos, sino por el pago de una demanda a una familia por la muerte de un paciente ocurrida en 1996, que el Consejo de Estado dejó en firme en contra del Hospital en el 2015.

John Diego Villegas, gerente del Hospital desde el 2014 y quien renunció al cargo el pasado miércoles, contó que desde hace tres años comenzó a gestionar cómo conseguir esos recursos que ascienden a $680 millones y añadió que el San Vicente de Paúl entró en riesgo alto porque se incluyeron los pasivos de dicha demanda dentro de unas cuentas por pagar.

“Después de llevar el programa que nos exige la Supersalud, se logró una partida de $400 millones de la Gobernación de Caldas y otros $90 millones de la Dirección Territorial de Caldas, recursos de los que solo está pendiente su desembolso”.

Apuntó que el Hospital adicionará en el próximo Consejo Departamental de Política Fiscal (Codfis) $100 millones y la Administración se comprometió con otros $90 millones. Con esto, dijo, se reúnen los $680 millones para hacer los acuerdos de pago con la familia.

Omisión en la historia clínica

El fallo del Consejo de Estado está relacionado con el fallecimiento del señor Uriel Mafla el 22 de agosto de 1996 en el Hospital de Caldas. De acuerdo con la sentencia, los actores le atribuyen el deceso a fallas en la atención médica que le brindaron allí y en el Hospital San Vicente de Paúl de Aranzazu donde le prestaron la atención inicial.

La víctima, de 30 años de edad, llegó a esta última entidad con unas heridas que sufrió en un accidente de tránsito en motocicleta. Allí le suturaron la herida y remitieron al paciente al Hospital de Caldas; la remisión y la historia no refirieron las condiciones de contaminación de la herida, sino la necesidad de practicar una radiografía. Luego de dos días de estar internado en el hospital receptor el paciente presentó signos de infección, por lo que se abrió la herida y se encontraron restos vegetales (pasto).

El paciente se infectó con bacterias anaerobias que le produjeron gangrena y la necesidad de amputar un miembro inferior. Luego de múltiples complicaciones y tratamientos que se prolongaron por más de dos meses, el paciente falleció.

Lo que alegó el galeno tratante fue que para él era más importante atender al accidentado que diligenciar la historia clínica, a lo que el Consejo de Estado respondió que es una obligación de los médicos diligenciar correctamente ese documento que es el que orienta futuras atenciones médicas, sin incurrir en graves errores.

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Los magistrados del Consejo de Estado ordenaron al Hospital de Aranzazu pagarle a la familia de la víctima $680 millones, por daños materiales y morales.

“Cuando llegué el 2014, el Hospital ya venía con unos pasivos, que por fortuna se fueron saneando hasta lograr en el 2017 pasar con un equilibrio presupuestal y con un pequeño superávit”, John Diego Villegas.