B. Eugenia Giraldo
LA PATRIA | MANIZALES
Los ministerios de Salud y de Hacienda y los gobernadores llegaron a un acuerdos frente al decreto que establece recursos para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), provenientes de impuestos departamentales.
Previamente, se había elevado la queja sobre los porcentajes y la forma en que se quitaba libertad a las regiones, pues se establecían topes mínimos que debían ser llevados a la entidad para la salud.
Ahora, según lo anunciado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se modificará el acuerdo, para eliminar la obligación de girar un porcentaje específico en las rentas monopólicas de licores, para los recursos de la salud.
Además, las entidades territoriales ratificaron su compromiso para no disminuir los valores históricos de cofinanciación para los servicios de seguridad social.
Otro punto que se logró, tuvo que ver con la ratificación de que los excedentes de las rentas cedidas a los departamentos son propiedad de los departamentos, mientras que los rendimientos financieros se abonarán a esos compromisos de cofinanciación.
Ese traslado de los recursos tiene sus más y sus menos. El primero en levantar la voz en contra fue el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. A través de una carta enviada al presidente, Juan Manuel Santos, y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Criticó que “despojen a los gobernadores y a los departamentos de recursos propios y permitir que se ataque la Constitución que es descentralista”.
Una posición más moderada es la de Gerson Bermont Galavis, director de la Territorial de Salud de Caldas, quien reconoce que con el decreto 2265 del 2017 al Gobierno Nacional le irá bien, pero a los departamentos no tanto.
Explica que con estos recursos se fortalecerá el sistema, lo que según él, garantizará que durante este 2018 nuevos medicamentos y tratamientos entren al POS y alivien, en teoría”, la competencia con los No POS.
La contraparte según Bermont, es que Caldas le consigna a Adres una cifra cercana a los $3 mil 319 millones y expone que el año pasado pagaba de cofinanciación del régimen subsidiado casi $26 mil millones y para este año el Gobierno le subió a $40 mil millones, “es decir, de buenas a primeras a Caldas le incrementó el recurso que debe aportar en un 58%, un departamento que disminuyó su población en el subsidiado”.
Manifiesta que el mayor problema es que se pierde autonomía para administrar sus recursos, así sea con destinación específica y se quedarán sin un peso para transformación del pago del No POS.
Agrega que por el Conpes, Caldas perdió $15 mil millones anuales por transformación de oferta y demanda y ahora con esto perderá otros $14 mil millones.
1. El Gobierno modificará el decreto 2255 del 2017:
a. No se establecerá ninguna obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de licores para financiar el aseguramiento en salud.
b. Se ratifica la obligación de las entidades territoriales de no disminuir los valores históricos de cofinanciación.
c. Los excedentes son propiedad de los departamentos y los rendimientos se abonarán a los compromisos de cofinanciación.
2. Los recursos girados en el 2017 por cofinanciación harán parte de la contribución del 2018.
3. Se creará una mesa técnica de trabajo para revisar y ajustar la financiación conjunta del aseguramiento en salud.
4. Antes del 20 de enero el Minsalud definirá el monto a girar por cada Territorial.
José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, manifiesta que no hay que perder de vista que el Adres es el banco central de la salud y que el propósito es centralizar esos recursos. Dice que a los departamentos les quitan una tajada de los contratos que tenían, pero no les desligan la responsabilidad que en ellos recae. “Seguramente les dirán: ustedes autorizan y gestionan y el Adres paga”.
Dice que con esta medida hipotéticamente se protegerán más esos recursos, pero hay una desventaja y es que el retorno no será igual en todas las regiones, porque eso dependerá de las necesidades. “A los departamentos juiciosos les quitarán esa plata y como tienen menos nivel de necesidad en salud la girarán a los que tengan mayores dificultades”.
Respecto a Caldas, Salazar precisa que aunque ha sido un poco deficitario, gracias a la gestión de la Territorial se lograron recursos adicionales que menguaron el déficit que se tenía de años anteriores.
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