Sala plena extraordinaria en la Corte Constitucional para analizar últimas normas del fast track

Colprensa | LA PATRIA

La Corte Constitucional programó sala plena extraordinaria desde hoy con el fin de analizar la constitucionalidad de las últimas dos normas del proceso de paz aprobadas por medio del fast track. 

Para la semana que inicia se espera termine el estudio de los 161 artículos de la ley estatutaria, con la que se define la administración de justicia de la JEP. 

"Es una responsabilidad enorme revisar todo lo que hace el Congreso y el Presidente de la República, y más difícil aún cuando se trata de revisar todas y cada una de las normas que contienen esos decretos o actos legislativos, pero estamos orgullosos de nuestro trabajo, un poco cansados por todo lo que hemos revisado, creo que el 15 de agosto ya habremos terminado", expresó el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional. 

El último tema a revisar será la ley innovación tecnológica, que hace parte de las normas que se necesitan para implementar el capítulo uno de los acuerdos de paz, y que tiene que ver con la reforma rural integral. 

Una vez analizados estos dos temas la Corte Constitucional superará la revisión de 35 normas, cinco actos constitucionales, 10 leyes y 20 decretos que se aprobaron por la vía rápida en el Congreso, y le exigió a los magistrados del alto tribunal el análisis de cerca de 5 mil artículos. 

Sobre la Ley Estatutaria hay tres puntos sobre los que aún no hay consenso entre los magistrados: uno tiene que ver con el tratamiento que se le debe dar a los exguerrilleros reincidentes en conductas delictivas. 

Otro tema polémico es el juzgamiento que se debe dar a los desmovilizados que incurrieron en delitos sexuales contra menores de edad; y finalmente, hay debate sobre el tema de la extradición. 

Hasta el momento la Corte Constitucional ha aprobado 40 leyes, decretos y actos legislativos aprobados en el Congreso de la República como base jurídica para implementar los acuerdos de paz que firmaron el Gobierno colombiano y las FARC.