MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Buena parte de las dudas con las que llegaron diputados y concejales a la Primera Cumbre Nacional de Presidentes de Asambleas Departamentales y Concejos Municipales de ciudades capitales, las tendrá que resolver el Gobierno Nacional lo más pronto.
Este evento se realizó entre miércoles y viernes en la vereda Gallinazo de Villamaría, organizado por la Gobernación de Caldas, la Región Administrativa de Planificación (RAP) del Eje Cafetero y la Asamblea Departamental, convocado por la Confederación de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol).
Para el abogado llanero Luis Hernando Quevedo Jara, director ejecutivo de Confadicol, también tuvieron logros. "Fue muy importante haber tenido la presencia del Gobierno Nacional para conocer qué vienen trabajando en la Reforma Política y la posibilidad del establecimiento, a través de ordenanzas y acuerdos, de políticas públicas de empleo diferencial para cada región".
Supresión de contralorías
- Esperaban para el evento al contralor General de la República, que hablaría del proyecto de supresión de las contralorías territoriales, él no pudo llegar, ¿qué piensan de esta iniciativa?
El punto no se puedo abordar, hubiéramos querido hacerlo. Infortunadamente problemas con los vuelos a Manizales no permitieron que hubiesen asistido a la Cumbre algunas personalidades. Frente al tema, nos preocupa la posición que han asumido algunos congresistas frente a la terminación de estas contralorías. No hay nada claro, el Gobierno no tiene un direccionamiento, y el contralor presenta un proyecto de acto legislativo y los senadores presentan otro.
- ¿Qué es lo que les preocupa?
Que se vaya a centralizar más el control fiscal en Bogotá, a través de una sola persona. Ya no serían 32 entes territoriales sino uno. Es más peligroso tener el control del país en una persona que en 32. Ellos dicen que hay corrupción en las contralorías territoriales, nosotros decimos que entonces van a cambiar de corrupto.
- ¿No consideran que el control debe cambiar?, porque se critica que lo hacen posterior y selectivo, ya muy tarde para cuando se presentan casos de corrupción.
No estamos en contra de que se revise la forma en que se debe hacer el control fiscal. Hay que mirar qué es más expedito. Gobernadores y alcaldes han pedido que a ese control se le haga un acompañamiento previo, sin que se inicie una investigación sino algo así como un control de advertencia, que hace la Procuraduría. Creemos que eso debe existir, y luego que siga el control posterior y selectivo. Las asambleas y concejos no estamos en contra de que nos quiten la elección de contralores, eso a la larga es un saludo a la bandera. El problema es por quién lo vamos a cambiar. Queremos es que no se vaya el control fiscal para Bogotá, ellos ya tienen un mecanismo que es el control prevalente y con ello pueden llevar las investigaciones que consideren. Pero nos hablan de corrupción, y Odebrecht y todo lo que conoce el país que es más grande que la plata que se ha perdido en los entes territoriales, ¿y dónde está la Contraloría?, ¿dónde está la Fiscalía?, ¿dónde está la Procuraduría?
- Pero lo mismo se podría decir de hechos de corrupción en lo regional y lo local, sobre los que no hay una acción efectiva y oportuna de las contralorías.
Y estamos de acuerdo. Hay es que revisar en conjunto, porque son muy paquidérmicos y manipulables, algunos, los entes de control. Sí falta más control. Invito es a todos, a la academia y a los ciudadanos a que nos pronunciemos y presentemos propuestas. Lo más fácil es quejarnos, pero hacer propuestas es lo más difícil. No veo por ejemplo, a la academia por ningún lado, está dormida.
Elección de secretarios
- En la Cumbre también querían aclarar cómo elegir secretarios generales, porque tienen dudas si deben aplicar una ley que obliga a abrir un concurso público, ¿lograron resolverlo?
Tuvimos la presencia de un miembro de Función Pública, con el que aclaramos algunas dudas, pero sigue el problema porque el Gobierno no ha unificado criterios, hay dos. Función Pública dice que hay que cumplir la Ley 1904 del 2018 y el Ministerio del Interior dice que no. Esto tiene hoy a mil 101 concejos y a 32 asambleas en ascuas. A finales de este mes, por reglamentos internos, deberían estar elegidos todos los secretarios de estas corporaciones, quedan menos de 15 días y no sabemos cuál es el proceso. Si los eligen como antes se hacía, entonces los van a destituir si hay que aplicar la nueva Ley. Por eso le hemos pedido al Gobierno que proceda de forma inmediata. Ya Función Pública envió un concepto al Consejo de Estado para unificar criterios, y el viceministro del Interior nos dijo que esta semana enviarán otro. Esperamos que esta semana ya se tenga este concepto para que a finales de noviembre o en los 10 días de extras puedan hacer esta elección o por lo menos iniciar el proceso si hay que hacer un concurso público.
Pago de prestaciones a diputados
- También solicitan el pago de prestaciones sociales a los diputados del país, porque no se las están liquidando, ¿qué les dijeron?
Lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que expida el decreto y diga cuándo son las vacaciones, porque la ley dice que son colectivas, pero no a partir de cuando. El Gobierno Nacional está metiendo en problemas, sobre todo el Ministerio de Hacienda, a todos los entes territoriales. Porque las asambleas no pueden tener superávit, plata que quede hay que devolverla al sector central, y por Ley 617 no pueden pasarse los techos presupuestales para enviarles a las asambleas. Entonces, ¿qué figura se va a utilizar el año entrante si esto no se puede pagar este año?, porque las vacaciones son irrenunciables, esta plata no la han perdido los diputados, y si no se decreta van a tener que indemnizarlos, y eso es más plata en contra de los departamentos. Y Hacienda, tranquilo y orondo, como no es la plata de ellos no han expedido el decreto, que en el gobierno de Juan Manuel Santos estaba para la firma, pero Hacienda se opuso. En el actual Gobierno deberían haberlo firmado hace ocho días, pero no lo han hecho
Silvio Arboleda, presidente de la Asamblea de Caldas, afirmó que es más que merecido que les paguen vacaciones y primas, como solicitaron en la Cumbre. "La Ley 1871 lo aprueba, pero nos están liquidando mal el tema de vacaciones y cesantías, no las están pagando. Es un derecho que nos ganamos como servidores públicos en ejercicio. En la Cumbre quedaron de mirar bien, porque el decreto reglamentario está para la firma de la ministra del Interior. Seguramente nos tocará dar la pelea".
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