Colprensa | LA PATRIA
La investigación contra la congresista conservadora inició a finales de junio cuando la Fiscalía General de la Nación remitió copias al alto tribunal de una investigación por presunta corrupción en las EPS e IPS indígena Manexka, que tienen su sede en el municipio de San Andrés de Sotavento, pero cuyo objeto social se desarrolla en otras poblaciones de Córdoba.
La Fiscalía asegura que hay testimonios que ponen al descubierto una presunta desviación de recursos públicos con el fin de financiar la campaña de Pestana Rojas para llegar al Senado.
Según las evidencias encontradas por el ente investigador, en la EPS habría un detrimento patrimonial cercano a los 7.000 millones de pesos.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación también inició una investigación disciplinaria contra la congresista, en donde se habría encontrado evidencia de que Pedro Pestana, hermano de la parlamentaria, facilitó el desvío de recursos que habrían servido para que la senadora alcanzara la quinta votación más alta de los conservadores en todo el país, con 85.000 sufragios.
En el marco de las indagaciones, la Corte Suprema también citó a varios testigos, entre los que se encuentran: Jairo López Covo, Armando Alfonso Gómez, Soincer José Montao, Amid Suárez y Jairo Cruz, quienes serán escuchados entre el 18 y 19 de julio en una sala de audiencias del Tribunal Superior de Montería.
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