Yacimientos de muerte

La minería en Caldas sigue provocando dolor en numerosas familias. En lo que va del 2017 se contabilizan 14 muertes accidentales en minas del departamento, situación repetitiva cada año sin que se hallen soluciones. El caso más reciente ocurrió el pasado domingo en una mina de la vereda Tumbabarreto, cerca de Riosucio, donde una roca pesada cayó sobre Gustavo Adolfo Díaz, de 34 años. En otros municipios como Marmato, Filadelfia, Anserma y Manizales también se registran accidentes fatales de mineros durante el año, lo que obliga a que se adopten medidas de prevención que le pongan fin a este grave problema.
La situación más crítica se vive en el sector Tintina, de la vereda La India, de Anserma, en donde este año se contabilizan siete muertes en varios hechos. En este caso se evidencia que, pese a la recurrencia en materia de riesgos, nada se hace para intervenir y evitar que funcionen minas que no ofrezcan condiciones mínimas de seguridad industrial. Cada minero muerto en lugar de conducir a que no se desarrolle la tarea de explotación sin las suficientes garantías para la vida de los mineros, pareciera empujar más a la gente a ponerse en riesgo, ante la pasividad estatal en la toma de medidas contundentes. 
Todos estos casos ocurren en minas en las que se practica la minería en forma artesanal, o en otras que son consideradas ilegales, pero frente a las cuales las acciones estatales no tienen efectividad alguna. Caldas no se salva de la generalidad colombiana en la que el 60% de las operaciones mineras son ilegales, como lo señala un detallado estudio realizado por la Universidad Externado. Lo peor es que además de todas las prácticas contaminantes que se ejecutan en esos lugares, también se convierten en yacimientos de muertes por los que nadie responde.
Es necesario hacer una revisión a fondo del fenómeno y tomar medidas que ataquen la raíz del problema. Si toda la minería que se ejerce en Colombia se hiciera de manera legal y tecnificada, los ingresos del país por ese sector se duplicarían (pasarían de $1,7 billones al año a unos $3 billones) y se tendrían recursos suficientes para brindar seguridad industrial a los mineros, intervenir positivamente en la calidad de vida de las comunidades que viven de esa actividad y alejarlas de la tentación de ilegales, quienes se apoderan de las riquezas de nuestro subsuelo y generan toda clase de abusos y violencia.
Habrá quien diga que hemos mejorado, debido a que en el 2015 las personas muertas en accidentes mineros fueron 30 en Caldas, pero una sola muerte por las precarias condiciones laborales tendría que preocuparnos. Hay demasiada pasividad en todos los niveles, empezando desde la misma Agencia Nacional de Minas, pero también en el orden departamental. No es lógico dejarles toda la responsabilidad a los alcaldes con los enormes problemas que tiene el sector, cuando en los municipios no se tienen ni recursos ni capacidades suficientes para dar semejante pelea. Hay que darles a los alcaldes más acompañamiento si se quieren adoptar medidas que sean sostenibles en el tiempo y que eviten más muertes de mineros.

No tiene lógica que a quienes ejercen la minería legal, y tienen el propósito de formalizar empleos en esa labor se les ponga toda clase de trabas y se les limita en asuntos ambientales y técnicos, mientras que a las mafias que llevan a cientos de operarios a trampas de muerte no se les exige la mínima garantía de seguridad. Colombia tiene que avanzar en serio en la modernización y formalización de la minería, y eso implica una lucha sin cuartel contra quienes no solo la ejercen de manera ilegal, sino que contaminan el ambiente y causan enormes daños sociales y económicos.