Violencia deslegitima los reclamos

La noche del pasado jueves fue caótica en Bogotá por cuenta de los excesos en las protestas estudiantiles para exigir una mayor financiación de las universidades públicas. Los ataques de encapuchados contra agentes de la Policía y del Esmad y la respuesta de estos organismos de seguridad generaron delicadas situaciones de violencia que pusieron en riesgo la integridad física y afectaron los bienes de muchos ciudadanos que nada tienen que ver con las protestas. El uso de bombas molotov con la intención de quemar uniformados es una práctica que tiene que ser rechazada con todo vigor; también repudiamos los ataques contra medios de comunicación, como ocurrió nuevamente contra RCN.
La protesta pacífica es constitucional y debe ser defendida como un derecho en una democracia, pero cuando se pierden los estribos y se convierte en vandalismo, los reclamos aunque justos pierden legitimidad. Los estudiantes y docentes, quienes ya deberían haber acogido la exhortación de los rectores para regresar a las aulas y no perder más tiempo valioso, deberían tomar conciencia de los riesgos de impulsar manifestaciones como estas, que pueden ser infiltradas por quienes solo quieren encender más la llama y sembrar el caos. Deben tener claro que, en reunión con el Gobierno Nacional, los rectores lograron recursos significativos para el normal funcionamiento de las universidades, y que otras demandas pueden ser tratadas en mesas de diálogo, pero sin abandonar las aulas de clase.
Los líderes estudiantiles que legítimamente piden más atención para la educación superior por el Estado cometen el error de perder el respaldo del resto de la sociedad, cuando se exponen a ser infiltrados por violentos, al mantener una actitud intransigente y no acoger llamados como el de la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, quien advirtió que si las clases no son reanudadas el próximo martes en ese claustro universitario se tendrá que cancelar el semestre, algo que no ocurre allí desde 1984, y que supone cuantiosas pérdidas para las familias de los estudiantes y para los propios alumnos en tiempo y en dinero. Solo para la Nacional las pérdidas son de $2 mil millones por cada día de paro, y ya se cumplió un mes.
Es necesario resaltar que en el caso de las marchas realizadas en Manizales transcurrieron el jueves de manera pacífica, sin ninguna alteración del orden público y hasta con propuestas lúdicas y culturales que le dieron altura a la protesta. El llamado para los universitarios de la ciudad, tanto de la Universidad de Caldas como de la sede de la Universidad Nacional, es para que regresen a clases y recuperen el tiempo que se ha perdido. Numerosos alumnos provenientes de otras ciudades se afectan gravemente con el cese y lo que debería pasar es que sigan los reclamos, pero en otras condiciones no perjudiciales.

No debe perderse el foco esencial de lo que requiere la educación pública para su buen funcionamiento. Hay un déficit de $3,2 billones y se tienen necesidades para inversión en infraestructura por otros $15 billones, y los compromisos del Gobierno para el cuatrienio comienzan a acercarse a tales requerimientos, y podrían llegar más lejos, pero las fuentes de financiación no están a la mano, ni son inmediatas. Desde luego que es fundamental hallar soluciones de fondo, que tal vez impliquen revisar la Ley 30 de 1992, pero eso es algo que no puede hacerse a las carreras y que necesita análisis más tranquilos y profundos. Lo ideal es que estos importantes temas sigan sobre la mesa, con reanudación de clases y sin dar campo a la violencia.