Unas zonas ensombrecidas

Desde que se conoció a mediados del año acerca del proceso de adjudicación de las zonas azules de Manizales a Sutec, una empresa argentina que fue la única en quedar en competencia y que tenía antecedentes de investigaciones en otras regiones y países por supuestas irregularidades contractuales, se generó preocupación en varios sectores de la ciudadanía. El temor era sobre lo que podría pasar con tales zonas y con quienes tradicionalmente se han hecho cargo de controlar su uso y recibir los pagos hechos por los usuarios de estos sitios de parqueo en vía pública.

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) advirtió en su momento que la etapa precontractual de la licitación fue deficiente, porque no se hizo el estudio de mercado o análisis del sector que habría permitido una mayor participación de interesados en la concesión de las zonas azules hasta el 30 de junio del 2023. Adicionalmente señaló riesgos de corrupción, debido a que faltó planeación en todo el proceso, lo que dejó sinsabores que llevaron a que la Contraloría Municipal tuviera que intervenir para observar en detalle los posibles errores cometidos.

Como resultado de las auditorías del organismo de control se concluyó que hay dos hallazgos con presuntos alcances administrativos y disciplinarios, que deben ser investigados por la Procuraduría. De acuerdo con el concepto de la Contraloría se vulneraron principios de planeación y de publicidad, lo que no es nada despreciable en un negocio cuya cuantía asciende a los $34 mil 41 millones 937 mil 500. El hecho de que, contrario a lo que dicta la Ley 80, dentro de los tres días hábiles anteriores a la adjudicación se haya publicado una adenda que bajaba la capacidad de capital de trabajo de los proponentes del 25% al 15%, sin una justificación evidente, es algo que debe mirarse con lupa.

Aunque desde la Administración Municipal la respuesta es que todo se ajustó a las normas y se hizo de manera correcta, será la Procuraduría la que analice las características del proceso y si se presentaron las deficiencias anotadas por la Contraloría. A todo esto hay que sumar otras observaciones que se han hecho sobre la sintonía que una decisión como la de quitar o poner zonas azules debe tener con el estudio de movilidad que apenas se conocerá en próximos días, según lo anunció el alcalde, Octavio Cardona. Unas zonas azules desfasadas de las necesidades reales en materia de parqueaderos y otros componentes de la movilidad serían un obstáculo para mejorar dichos aspectos a futuro.

Las consecuencias sociales de la decisión tomada también han sido objeto de críticas a la Administración, ya que si bien se mejoraron las condiciones laborales de quienes fueron reenganchados por Sutec, cerca de la mitad de quienes antes recibían un sustento mínimo por permanecer en las zonas azules y entregar los tiquetes a los usuarios hoy siguen sin encontrar alternativas laborales; y es evidente que por tratarse de personas con discapacidades no son fácilmente absorbidas por el mercado de empleo. Para quienes utilizan esos lugares de parqueo se dio un incremento considerable de la tarifa, de cerca del 50%, que bien pudo haberse direccionado a la entidad que siempre administró esas zonas, la Asociación de Personas en Discapacidades (APD), con un impacto social favorable.

Quedan muchos interrogantes sin resolver alrededor del funcionamiento de las zonas azules. Recientemente algunas de ellas fueron demarcadas de color naranja en cercanías de la Unidad Deportiva Palogrande, con el propósito de que lo recolectado allí sea dirigido a las arcas del deporte. Es una buena idea para entregarle recursos a ese importante sector, que esperamos no se convierta en un nuevo problema para estas ensombrecidas zonas.