Una reforma regresiva

La llamada Ley de Financiamiento, que es la misma reforma tributaria que se sabía que el nuevo gobierno tendría que tramitar para poder sostener el funcionamiento normal del Estado y cubrir faltantes fiscales, viene teniendo toda clase de reparos, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los congresistas que se dedicarán a debatirla en las próximas semanas. El alma de la propuesta es la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica familiar, pero también incluye ajustes a las onerosas obligaciones tributarias que tienen actualmente las empresas, con el propósito de generar y formalizar empleos. El propósito es recaudar $19 billones cada año desde el 2019.
Esta iniciativa tributaria, con la que el presidente Iván Duque da la espalda a su compromiso de no afectar a la clase media, llega en un momento en el que el ambiente político no es el mejor, como tampoco lo son las condiciones sociales y económicas del país, y resulta improbable que termine aprobada en el Congreso tal y como está planteada antes del 16 de diciembre, para que pueda ejecutarse a partir del 1 de enero próximo. 
Tiene lógica que quienes más consumen, que son a la vez quienes tienen mayor poder adquisitivo, paguen más por todo lo que compran, incluyendo productos básicos de la canasta familiar. Sin embargo, pretender de un solo tajo gravar el 80% de los bienes de la canasta familiar básica, incluyendo los alimentos, con una tarifa del 18% puede tener efectos demoledores sobre el consumo, pues los incrementos trasladados al precio final de los productos o servicios los haría inalcanzables para muchos, o en el mejor de los casos disminuiría los volúmenes de venta. La propuesta, además, descarta de plano tarifas de IVA diferenciales, lo que termina por empeorar el panorama. 
Por esto, siendo seguramente bien intencionada termina siendo una reforma perjudicial para todos. Para los más pobres (4,2 millones de familias), porque esos recursos terminarían con apariencia de subsidios, lo que no es bueno. Peor para los hogares con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, que es el sector más amplio de la población, porque le arrebatará una tajada significativa a sus ingresos y haría que muchas familias que salieron de la pobreza en los últimos tiempos regresen a ella sin remedio. Incluso, el daño podría ser para el contexto general de la economía, al desestimular el consumo; de carambola los empresarios verían reducidas sus ventas y lo que supuestamente les favorecería terminaría siendo un retroceso peor para sus finanzas, que repercutiría negativamente en el crecimiento económico del país.

Esta reforma, entonces, está mal enfocada. No apunta a generar riqueza, sino que provoca lo contrario. La idea de generar más puestos de trabajo y formalizar empleos también queda en riesgo, porque la única manera que tienen los empresarios para bajar los costos de producción cuando se afectan las ventas es recortar horas de labor, es decir, pérdida de empleos. Lo acertado sería actuar de manera más eficaz contra la evasión y la elusión, e incluso que las personas naturales que más recursos tienen aporten más en impuestos, pero eso es algo a lo que Duque y su ministro de Hacienda seguramente no le jugarán con mucho esmero.