Una justicia que construya paz

Mientras que la Corte Constitucional comenzó a estudiar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) aprobada por el Congreso de la República a finales del año pasado y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, esta semana tomaron posesión de sus cargos los nuevos magistrados que conforman los distintos tribunales de este tipo de justicia transicional, quienes inicialmente deberán elaborar un reglamento interno para, entre otras, establecer reglas de juego a la hora de votar y tomar decisiones, y crear un proyecto de ley que fije las pautas para juzgar e investigar a quienes se sometan a la JEP.
Sin embargo, el principal desafío de estos jueces será demostrar con sus decisiones que tienen un criterio ponderado, racional y justo en cuanto al juzgamiento de los responsables de crímenes, el esclarecimiento de las verdades del conflicto y la necesaria reparación a las víctimas. Esa será la única manera de transformar a un país que ha sufrido décadas de violencia y que debe cimentar un futuro que no esté basado en sentimientos de venganza, ni en el odio hacia quien tenga pensamientos diferentes al propio. La construcción de una verdadera paz requerirá, en primera instancia, que la justicia transicional funcione como abono para esa nueva sociedad que entienda y practique la tolerancia.
Los magistrados de la JEP tienen procedencias diversas, lo que debe permitir que las determinaciones que adopten los tribunales sean ecuánimes, equilibrados e independientes. Hay allí académicos, exjueces de la justicia penal militar, defensores de derechos humanos y reconocidos abogados, quienes serán coordinados por la presidenta de la JEP, Patricia Linares. De los 38 magistrados seleccionados ya 30 asumieron funciones y los 8 restantes están pendientes de hacerlo, debido a distintas razones personales y laborales. Algunos de ellos prefieren esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la exequibilidad de la Estatutaria antes de posesionarse.
Como sea, esta justicia ya comenzó a caminar y lo más conveniente es que sea de manera muy rápida y efectiva, para ganar cada vez una mayor legitimidad ante la sociedad colombiana. Los magistrados de la JEP tienen que empezar a ganarse el respeto que, infortunadamente, han perdido gran cantidad de miembros de las otras cortes, quienes se han dejado arrastrar por la corrupción. Lo principal será que estos jueces se enfoquen en aliviar el dolor de las víctimas, y con gran rigor y pulcritud apuntar sus fallos hacia su reconocimiento y dignificación, porque más que quienes cometieron delitos lo más importante para la JEP tienen que ser las víctimas y el cumplimiento de sus expectativas de justicia.
Se tiene previsto que unos 3.500 exguerrilleros y cerca de 1.750 miembros de la Fuerza Pública deberán responder por sus presuntos crímenes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. Todavía no se sabe cuántos civiles acudirán a esta justicia de manera voluntaria. En todos estos casos debe entenderse que los responsables de delitos atroces en el conflicto armado que no se acojan a la figura de la justicia transicional o que no digan toda la verdad ante estos jueces, se exponen a que en el futuro sean juzgados por la justicia ordinaria sin la posibilidad de obtener beneficios.

Lo más importante es que el trabajo de los magistrados de la JEP derive en un proceso bien estructurado y real de reconciliación, que deje atrás todos los ánimos de animadversión que nos han afectado como sociedad y que deben ser superados para observar el horizonte con optimismo. Hay que garantizar que surja una nueva sociedad renovada y con fuertes principios de respeto y solidaridad.