Una distribución injusta

Pese a que cerca del 12% de la población caldense es reconocida como víctima del conflicto armado en el país (unos 100 mil habitantes) y a que municipios como Samaná, Pensilvania y La Dorada tienen reportados y documentados hechos victimizantes en mayor cantidad y gravedad, que varias de las poblaciones de otros departamentos que sí aparecen en la lista de municipios priorizados para invertir en temas del posconflicto, nuestra región no recibirá ni un solo peso de los cerca de $80 billones que serán invertidos en proyectos productivos, impulsados por el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el Decreto 893 del 2017.

Esto es realmente injusto. Amplias zonas del departamento sufrieron la más inclemente violencia durante buena parte de la década de los 90 y la primera década de este siglo, debido a las acciones criminales de guerrillas y paramilitares, y hasta abusos de agentes del Estado, que ocasionaron muertes de inocentes, desplazamientos forzados y toda clase de violaciones a los derechos humanos, con niveles de barbarie similares a las peores masacres y tomas de pueblos sufridas en otras regiones del país, a las que sí llegará la atención institucional con recursos y programas sociales.

Entre los 170 municipios priorizados no quedó, entonces, ninguno de Caldas, y nos tocará a los caldenses encontrar la manera de ayudar a que las zonas del departamento que más sufrieron con la guerra puedan salir adelante, en medio de grandes obstáculos y con la escasez de recursos que afrontamos. En los casos de Risaralda y Quindío la situación es similar, con lo que el llamado Eje Cafetero quedó por fuera de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que nos deja en desventaja hacia el futuro con otras regiones que podrán usar esta estrategia para impulsar nuevas posibilidades de desarrollo.

Es triste ver que ya hay proyectos concretos de las comunidades afectadas que solo esperan recursos para ser puestos en marcha. Incluso muchos fueron presentados a través del llamado plan Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto), pero ninguna iniciativa tuvo eco, a pesar de cumplir con todos los requisitos, y a que había empresas privadas de la región interesadas en participar para hacer obras a cambio de impuestos, por un monto aproximado a los $40 mil millones. O sea, a Caldas le cerraron las puertas en todos los escenarios y no le ha quedado más opción que resignarse a estar por fuera de los beneficios.

Decir que debido a que los componentes de condiciones de vida, desarrollo económico y seguridad en los actuales momentos son aceptables en Caldas, no pueden ejecutarse aquí esos programas, es castigar a comunidades resilientes que se han sacrificado para tratar de dejar atrás el dolor y comenzar nuevos proyectos de vida. En casos como el caldense, esas comunidades vienen trabajando de la mano, en muchos casos, de las administraciones locales y de la Gobernación, y vienen hallando salidas a su situación, pero esa buena sinergia resulta ahora negativa frente a la manera de repartir los recursos del posconflicto desde la Nación. Algo absurdo.

Ojalá que por otras vías sea posible gestionar recursos que lleguen a la región, con el propósito de ayudar a que esas poblaciones que resultaron tan afectadas por el conflicto armado puedan impulsar programas de recuperación del tejido social y de impulsar proyectos productivos de alto impacto. Esa es la única manera de blindar la región de nuevos fenómenos de violencia que puedan llegar en el futuro, amenazando nuevamente la estabilidad social y económica de miles de familias.