A los incrédulos en que se pueda cumplir el umbral de la consulta anticorrupción, que será votada el próximo domingo, se les debe decir que la mejor manera de responderles a ese interrogante es saliendo a votar, bien sea por el sí o por el no. Se debe aprovechar la oportunidad de usar el poder con el que la Constitución de 1991 invistió al constituyente primario, al pasar de una democracia representativa a una participativa, y no hay mejor manera de hacer uso de este derecho deber, que en las urnas.
La consulta quiere poner el dedo en la llaga sobre temas que el Congreso de la República se ha negado a votar, y que los gobiernos no han querido promover para sacarlos adelante, toda vez que toca los intereses de quienes los han ayudado a llegar a las urnas. Por este motivo resulta necesario que sean los ciudadanos, quienes le ordenen al legislativo que reglamente estos temas en los términos de la consulta. Con la posibilidad que se tiene hoy de ejercer veeduría sobre lo público, les quedará muy difícil a los congresistas hacerse los de la vista gorda, si hay un mandato ciudadano.
Un punto polémico es el segundo, en el que se pide que los corruptos paguen la pena, sin descuentos, en una prisión, y que no puedan volver a contratar con el Estado. Cuando se mira que muchos corruptos hacen las cuentas de que si son pillados -cosa improbable con los niveles de impunidad de nuestro país- se pueden ir a pagar su pena a una estación de policía o para su casa en muchos casos y ni siquiera tienen que reponer el dinero robado, ese personaje sin escrúpulos no teme. No olvidemos que la corrupción es de doble vía, entre funcionarios y privados, no solo en lo público.
No se puede seguir personalizando la consulta, como si esta fuera propiedad de una persona o de un partido político. Es lógico que la promuevan políticos que pretenden cambiar las costumbres del país, pero ya aprobada y presta a votar, el poder es de cada colombiano y por eso en el resultado cada voto cuenta. Es necesario que los ciudadanos salgan y demuestren que quieren un cambio, un Estado en donde la justicia social empiece por los altos funcionarios, que reduzcan sus salarios, que se acaben los pliegos sastre para otorgar contratos y que se limiten los periodos de los congresistas. Que la clase política corrupta entienda que la ciudadanía está hastiada de sus desmanes. No es suficiente, pero es un comienzo.
Sobre el costo de la consulta es importante entender que la democracia cuesta, y se debe invertir en ella. Cuántas inversiones inanes toleramos, a pesar de los miles de millones que se invierten en ellos, entonces invertir en la democracia no debería generar tanto ruido. Hay que recordar que se busca inclusive con esta consulta que los ciudadanos participen más en las decisiones de Estado y se haga efectiva la participación ciudadana en la asignación de presupuestos. La consulta ya está aprobada, ya está lista para ser votada, así que mejor dejemos de quejarnos y salgamos a la calle a votar, pues la toma de decisiones responsables forma parte de los deberes de los ciudadanos.
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