Un balance agridulce

La legislatura que terminó el pasado 20 de junio deja un sabor agridulce, porque todo lo que se había pensado que se podría avanzar en lo referente a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc quedó a mitad de camino. Pese a que tuvieron todas las facilidades y garantías para desarrollar una labor histórica pesaron más otros intereses, y en temas cruciales que los llevaban a hacer autocrítica, los congresistas prefirieron dilatar los debates o aplazarlos. El Congreso de la República, con su actitud, sigue manchando su imagen y perdiendo credibilidad. 
Solo después del próximo 20 de julio podrán ser retomadas las discusiones, por ejemplo, en torno a la creación de las 16 circunscripciones especiales para la paz, fijadas por los acuerdos de paz en lugares donde en el pasado se han tenido graves problemas para la realización de elecciones, debido al conflicto armado. Se tiene establecido que allí no podrán participar candidatos de los partidos políticos tradicionales ni del nuevo partido de las Farc. Solo organizaciones sociales locales podrán presentarse a las urnas para aspirar a ocupar 16 curules en la Cámara de Representantes durante dos periodos. Esta es la oportunidad para que las víctimas tengan representación directa en el Legislativo.
El mencionado proyecto, igual que la reforma política y electoral planteada, que establece un profundo revolcón en la financiación de las campañas, las reglas de juego de la política y el esquema de las autoridades electorales corren el riesgo de no obtener los resultados esperados, pues incluso no hay ponencias radicadas para su discusión y se ha demostrado históricamente que en la legislatura anterior a las elecciones parlamentarias es muy poco lo que se avanza, porque los congresistas permanecen en las regiones haciendo proselitismo político buscando ser reelegidos.
Así que si no es satisfactorio el resultado obtenido en la legislatura que acaba de terminar, para la próxima el panorama es bastante más gris. Si bien el mecanismo de fast track ha servido para agilizar el trámite de leyes importantes para la paz como la amnistía de guerrilleros rasos y la Justicia Especial para la Paz, las discusiones en el Congreso han ido a un ritmo demasiado lento. Si bien todavía hay campo para aprovechar la prórroga del fast track no podemos hacernos grandes ilusiones si nos atenemos a lo que ha ocurrido hasta ahora. La realidad es que no hay mucho ambiente para hacer cambios que podría cambiar el statu quo que ha favorecido a los actuales representantes de la clase política.
Hasta el momento las Farc han cumplido con su compromiso más importante, el de entregar sus armas a las Naciones Unidas, y precisamente hoy se estaría protocolizando el momento final de esa entrega, que evidencia su paso decidido hacia la desmovilización y el abandono total de la violencia. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de cumplir lo pactado y de esa manera evitar que el conflicto con esa guerrilla pueda reactivarse en algún momento. Por el contrario, una actitud seria en ese sentido podrá hacer que los diálogos con el Eln se concreten pronto y que las Fuerzas Militares puedan concentrarse en atacar a fondo a las bandas criminales y demás actores delincuenciales que hoy quieren desestabilizar el país.

Nos hubiera gustado que en el periodo en el que el Congreso estuvo presidido por el senador Mauricio Lizcano, de gran cercanía con esta región, se hubieran alcanzado logros mayores. No podemos decir que durante su presidencia no haya tenido la voluntad de acertar, pero también es justo reconocer que el balance pudo ser mucho mejor. Para la nueva legislatura los retos son inmensos, ojalá que las realizaciones puedan superar las expectativas.